Este año ha sido frenético para Attolon. No solo hemos abierto nuestras puertas, sino que hemos puesto todos nuestros recursos y energía en crecer para convertirnos en referente como ALSP. Numerosas apariciones en prensa y, especialmente, el fichaje de personalidades clave dentro del sector legal dan buena cuenta de ello.
Pero nuestra meta está mucho más allá. Queremos cerrar el ejercicio con un equipo de, al menos, 75 abogados de primer nivel. Todos ellos y ellas juristas de reconocido prestigio, con más de 10 años de experiencia en los principales despachos y empresas.
Ahora mismo ya contamos con más de 30 expertos en nuestro equipo, especializados en diferentes áreas del derecho de los negocios, que nos permiten ofrecer la mejor asesoría a las grandes firmas.
A este equipo se une nuestro incipiente ecosistema, Attolon Reboot. Disponemos, por tanto, de toda la infraestructura para defender una nueva forma de trabajar dentro del sector legal. ¿Quieres unirte?
Durante nuestra primera incursión en el mercado español, numerosos medios nacionales del sector se han interesado por conocer el proyecto. La propuesta de los ALSP es relativamente novedosa, y aunque nosotros creemos que es el futuro, todavía hay muchos profesionales que desconocen su naturaleza.
Ya en enero, Confilegal se hacía eco del nacimiento de Attolon, como plataforma encaminada a revolucionar la abogacía de los negocios.
El medio ha recogido el nacimiento de algunos de nuestros proyectos más interesantes. Por ejemplo, la primera aceleradora de startups proveedoras de servicios jurídicos alternativos “ALSP”. En su artículo hacía referencia a nuestras cuatro primeras empresass legaltech y ASLP:
Más recientemente, Layyer Press se hacía eco de otra de nuestras grandes apuestas: Attolon Inn, la primera ALSP de administradores concursales, especializada en el asesoramiento y gestión de concursos de acreedores.
Este portal ha venido haciendo un seguimiento muy cercano de nuestras nuevas incorporaciones, incluyendo a figuras clave como:
Otro de los medios especializados que ha dedicado alguno de sus artículos a nuestros fichajes estrella, como Gala Pons o Andrés Martínez-Zurita.
También Expansión publicó una nota de prensa cuando lanzamos Attolon. Más recientemente hemos vuelto a aparecer en sus páginas al presentar nuestra aceleradora legaltech.
Por supuesto, la captación de talento nacional va a seguir siendo clave en el desarrollo de Attolon. Pero no nos conformamos con revolucionar el sector legal nacional. Queremos expandirnos y convertirnos en un referente a nivel internacional. De hecho, ya estamos trabajando en el Sudeste Asiático, Portugal, EEUU y México.
En poco tiempo, Attolon ha demostrado el valor añadido asociado a su propuesta. Flexibilidad en la configuración de equipos legales, que supone ahorros de hasta el 40 % para las grandes y medianas empresas. Todo ello desde una perspectiva transparente y racionalizada, centrada en la evaluación del desempeño y en la tarificación a precio cerrado.
El canal de denuncias interno es una vía segura que permite a los integrantes de una organización vehicular sus delaciones de forma confidencial y garantista. Desde hace unos años, este tipo de instrumentos ha cobrado importancia en el sector político y económico global.
De hecho, en una sociedad en que la prevención (compliance) es cada vez más importante para las empresas y las Administraciones Públicas, se hace imprescindible que existan este tipo de herramientas. Algunos organismos internacionales, como la Unión Europea, ya los han señalado como sistemas necesarios para garantizar un funcionamiento democrático. Y precisamente por ello se plantea la necesidad de que las empresas cuenten con canales de denuncias adecuados.
En concreto, el Consejo de la Unión Europea aprobó en 2019 la Directiva ‘whistleblowing’, encaminada a obligar a las empresas a incorporar canales de denuncia efectivos.
El objetivo de la Directiva whistleblowing no es otro que proteger a los denunciantes de infracciones del Derecho de la Unión Europea. Las denuncias anónimas han destapado en los últimos tiempos algunos de los escándalos más graves para el interés público, el medio ambiente, a seguridad, la salud pública y las finanzas. Como ejemplos, la Unión Europea cita LuxLeaks, Dieselgate, Cambridge Analytics o los papeles de Paradise y Panamá.
Sin la contribución de estos denunciantes no se habrían destapado tales escándalos. Pero el problema es que estos agentes asumen riesgos económicos, laborales y personales al realizar sus declaraciones. De hecho, la Global Business Ethics Survey de 2016 detectó que el 36% de las personas trabajadoras encuestadas que habían denunciado irregularidades habían sufrido represalias.
Decidida a atajar esta situación, la Unión Europea aprobó en 2019 la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Directiva que debe estar traspuesta en cada Estado miembro antes del 17 de diciembre de este año.
Actualmente nuestro Ordenamiento Jurídico ya cuenta con algunas medidas de protección ante el caso de denuncias. Por ejemplo, en el ámbito laboral se establece la indemnidad de las personas trabajadoras tras reivindicar la efectividad de sus derechos.
Sin embargo estas medidas son muy limitadas. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, los denunciantes terminan haciendo frente a consecuencias legales e incluso cargos penales. Y es que este tipo de acusaciones se pueden enmarcar en delitos como la difamación o la divulgación de secretos.
Los únicos canales de denuncias regulados a día de hoy en nuestro Ordenamiento están contemplados en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y en el art. 31 bis del Código Penal, encargado del compliance penal.
La trasposición de la Directiva va a obligar al legislador a redefinir algunos aspectos de la legislación penal, como la obligación de denunciar y sus consecuencias jurídicas. A nivel empresarial, obligará a las empresas con más de 50 empleados a integrar canales de denuncias.
Se permitirá que la gestión del canal de denuncias se encomiende a personas o departamentos de la propia empresa o a terceros. Además, cuando la plantilla no supere los 249 trabajadores se podrán compartir recursos con otras empresas para la gestión de las averiguaciones relacionadas con las denuncias recibidas.
Se tratará de este modo de armonizar la normativa de todos los Estados miembros, garantizando la seguridad y el anonimato de las personas que denuncien irregularidades relacionadas con el Derecho de la Unión Europea.
En concreto, la Directiva establece como infracciones dentro de su ámbito material aquellas relativas a:
Asimismo, exceptúa de su ámbito de aplicación la protección de información clasificada, el secreto profesional de médicos y abogados, el secreto de las deliberaciones judiciales y las normas de enjuiciamiento criminal.
Los derechos de protección derivados de la Directiva serán de aplicación a quienes utilicen los canales de denuncias internos aquellas infracciones que consideren veraces. Al procedimiento de denuncia debe seguirle otro de seguimiento, que incluya la comunicación con el denunciante. Por supuesto, las organizaciones deberán respetar el deber de confidencialidad, especialmente en lo referente a la preservación del anonimato.
Los denunciantes quedarán protegidos por una serie de medidas de protección y apoyo que eviten toda clase de represalias. Además, se establecerá un régimen sancionador para las personas físicas o jurídicas que entorpezcan el funcionamiento del canal de denuncias, incumplan sus deberes o adopten medidas de represalia.
Como ha ocurrido con la trasposición de otras políticas europeas, el reto para las empresas no va a estar tanto en la regulación cuanto en la implementación de los canales de denuncias. Si bien es cierto que la introducción de la Directiva conllevará serias reformas legislativas (por ejemplo, habrá que replantear el Código Penal), también lo es que las empresas españolas se muestran reacias a la adopción de sistemas preventivos.
Las compañías que cuenten con programas de compliance ya tendrán parte del trabajo hecho. De hecho, es probable que ya cuenten con canales de denuncias internas. Pero las menos proclives al empleo de medidas de responsabilidad proactiva deberán buscar de inmediato la asistencia de expertos en la materia para integrar el nuevo sistema, que resultará exigible antes de final de año para compañías con más de 50 personas en plantilla.
El protocolo de desconexión digital es un instrumento obligatorio para las empresas desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD). Se trata de una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.
Introducido en nuestro Ordenamiento Jurídico mediante el art. 88 de la LOPDGDD, el derecho a la desconexión digital persigue garantizar el descanso, la intimidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras.
El uso intensivo de las TIC permite la ubicuidad en la prestación de servicios. Así, las personas trabajadoras pueden ejercitar sus funciones en la actualidad desde cualquier lugar. Cada vez más empresas prescinden de oficinas y establecimientos físicos, que ya no son necesarios para gozar de una infraestructura capaz y efectiva.
De hecho, la gestión de instalaciones se ha convertido en muchas ocasiones en una carga. Un sobrecoste operativo que supone gastos para la empresa sin reportar un nivel proporcional de eficiencia.
En resumen, el teletrabajo ha demostrado ser una forma de trabajo muy beneficiosa para las empresas y su plantilla. Pero también tiene una vertiente negativa.
El fácil acceso de las personas trabajadoras a dispositivos digitales diluye las fronteras entre su vida laboral y personal. En el modelo tradicional, cuando la persona abandonaba el despacho, oficina o su puesto de trabajo, dejaba de prestar servicios. Pero ahora, a causa de la ubicuidad facilitada por las TIC, es más fácil que la esfera laboral invada la esfera personal.
Este problema se hizo particularmente patente durante la crisis sanitaria de la COVID-19, especialmente en las empresas no habituadas al teletrabajo. Precisamente por eso es necesario que se garantice el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.
En resumen, la desconexión digital en el ámbito laboral no es más que el derecho a terminar el trabajo en el momento en que concluye la jornada. Este derecho, que en tiempos pasados podía darse por sentado, no es tan fácilmente defendible durante la era digital. Especialmente cuando es la empresa quien ha facilitado los medios o dispositivos de conexión.
Según la LOPDGDD, el objetivo del derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral es garantizar que, fuera del tiempo de trabajo, se respeten su descanso, permisos y vacaciones y su intimidad personal y familiar.
Si hacemos un análisis más detallado a nuestro Ordenamiento Jurídico, este derecho no es tan novedoso. El art. 18.4 de la Constitución indica que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Y en su artículo 40 impone a los poderes públicos el deber de velar por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizar el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
En definitiva, no estamos ante un derecho novedoso. El problema es que hasta la aprobación de la LOPDGDD no existían instrumentos adecuados para garantizar su efectividad. Y por eso se introdujo la obligatoriedad de contar con protocolos de desconexión digital.
Existen dos claves a la hora de diseñar un protocolo de desconexión digital:
Conforme a la LOPDGDD, la política de desconexión debe incluir tanto modalidades de ejercicio del derecho como acciones de formación y sensibilización.
Por supuesto, este contenido será más intenso en los casos en que se aplique a puestos telemáticos o en modalidad de teletrabajo.
Ya hemos visto que la clave para implementar estos instrumentos radica en la negociación colectiva. Para ello se pueden emplear tanto convenios colectivos como acuerdos de empresa, pactos extraestatutarios y otros instrumentos válidos.
De esta negociación emanarán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión en el ámbito laboral. Tales modalidades se incardinarán posteriormente en la política interna de la empresa, que debe dar pie a las mencionadas acciones de formación y sensibilización.
Para garantizar la efectividad del protocolo deberán establecerse medidas de control y vigilancia, entre las que destaca el registro de control de jornada.
El borrador del Reglamento MiCa está ya preparándose para ser publicado. La Unión Europea contará con su propia regulación sobre criptoactivos, buscando así crear un mercado digital único y aportar seguridad jurídica y financiera. En este artículo analizaremos las claves que este borrador del Reglamento MiCA traerá a la legislación en este campo.
Es conocido como el Reglamento MiCA por sus iniciales en inglés market in crypto-assets.
Aunque antes de nada es importante recalcar que a fecha de esta publicación estamos solo ante un borrador. Se trata de una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937. Esto es porque, por ejemplo, se da una nueva definición jurídica para los instrumentos financieros, necesitando que las normas anteriores se adapten a la nueva realidad.
Será un Reglamento que busca establecer seguridad jurídica en el mercado de los criptoactivos, regulando este campo y protegiendo al consumidor.
Esta propuesta será de aplicación para todos aquellos que emitan o asesoren en la emisión de criptoactivos y que presten servicios de criptoactivos en la Unión Europea.
Los criptoactivos son definidos jurídicamente en este Reglamento como una representación digital de valor o derechos, que puede ser trasferida o almacenada electrónicamente a través de tecnologías de registro distribuido u otras tecnologías similares.
Los objetivos son principalmente cuatro:
Este Reglamento MiCA busca establecer un marco normativo en el que innovar y las nuevas tecnologías tengan cabida, sin dejar de tener seguridad financiera y protegiendo a los consumidores así como a los inversores. Los criptoactivos no suponen una amenaza para la estabilidad europea, pero adaptar las normas será necesario para que esto continúe siendo así. Este mantenimiento de la estabilidad financiera es un objetivo base en el Reglamento MiCA.
El Reglamento, en su búsqueda de seguridad jurídica y de dotar a la Unión Europea de un marco legal adecuado, define varios conceptos que hasta la fecha no estaban recogidos (porque hasta hace unos años ni existían) como pueden ser el propio término criptoactivos, así como los proveedores de servicios de dichos criptoactivos.
También busca el Reglamento MiCA asegurar desde un principio transparencia en relación a la emisión de criptoactivos y su funcionamiento. Se establece un régimen general para todas las emisiones de criptoactivos y también regímenes especiales para criptoactivos de determinadas categorías, con exigencia de mayores requisitos. Deberá publicarse toda la información relevante sobre los criptoactivos, así como descripciones detalladas sobre las operaciones, el destino de los fondos y los riesgos asumidos. Las ofertas públicas de criptoactivos serán reguladas.
Para impedir la desprotección de los consumidores, se fijan normas y medidas concretas.
El Reglamento también establecerá el procedimiento para autorizar las emisiones, así como también las condiciones de funcionamiento de los proveedores de servicios de criptoactivos.
Es cierto que ya existían algunas normas que ya regulaban algunos conceptos como el dinero electrónico. De este modo, este Reglamento no regula, por ejemplo, sobre los criptoactivos emitidos por bancos centrales. Este Reglamento ha entrado a establecer normas y medidas para los criptoactivos que todavía no habían sido legislados.
Según el Reglamento MiCA, la autoridad competente deberá autorizar a los entes que vayan a prestar servicios de criptoactivos. Existirán una serie de requisitos para poder realizar este tipo de servicio. Los requisitos a cumplir serán de índole muy diversa, desde financiera, fiscal o incluso organizacional. Así se pondrán requisitos al capital, a la necesidad de presencia física en la Unión Europea e incluso un plan de continuidad de negocio, pasando por custodia de fondos de clientes.
Como indicamos al principio de este artículo, aún no hay una fecha exacta en la que este texto vaya a ser aprobado. Incluso puede ser que antes de ser aprobado, el texto esté sujeto a cambios. A pesar de esto, las directrices y los objetivos del borrador del Reglamento MiCA están muy claros. Dejando claro también cuál es el rumbo que la Unión Europea quiere seguir y la seguridad que busca aportar, tanto a la economía en general como a los consumidores a título particular.
Gracias a esto, son muchos los agentes de la Unión Europea que están esperando esta publicación para que el mercado financiero con los criptoactivos como una realidad sea dotado de la seguridad tanto jurídica como económica que caracteriza a la Unión.
El nuevo Reglamento marcará los requisitos que deben cumplir los nuevos entes que pasarán a poder prestar servicios de criptoactivos. En este sentido apoyará la innovación. Esta innovación será una realidad en este gran avance tecnológico, al mismo tiempo que las antiguas entidades dan un paso a la modernización. Muchas son las empresas que ya están buscando y ligando su futuro a los criptoactivos, ya que todo apunta a que no hará otra cosa que crecer. Adaptarse desde un principio y, sobre todo, encontrar un hueco en el mercado al mismo tiempo que se está preparado para el nuevo Reglamento MiCA será indispensable para que los criptoactivos sean parte de nuestros negocios.
RDL 5/2021 on extraordinary measures to support business solvency in response to the Covid-19 pandemic amended the LMV so that the CNMV can subject to authorization the advertising of investment in crypto-assets.
Thus, the system extends the supervising, inspecting and sanctioning powers covering an area previously unregulated. This article will focus on the regulatory change and the consequences of this new system.
The functions of the National Securities Market Commission include the supervision and inspection of the securities markets and the activity of those who participate in them. Its supervision and inspection actions are accompanied by sanctioning authority plus other powers of control and correction.
The objective of endowing the CNMV with these powers is to ensure the transparency of the markets and their prices and the protection of investors. Tasks for which it is essential to promote a neat and transparent information regime.
In this sense, the Securities Market Law already required authorization from the Ministry of Economy and Competitiveness when it came to advertising certain activities. Furthermore, the authorization regime also implied the possible intervention of the CNMV by sanctioning or imposing the cessation or rectification of illicit advertising.
RDL 5/2021, of March 12, on extraordinary measures to support business solvency in response to the Covid-19 pandemic, tries to protect the productive fabric against the income's reduction that the health crisis has entailed. To this end, it has issued packages of measures aimed at increasing the liquidity of companies. Among them: financial support, moratoriums and direct aid.
But apart from direct promotion measures, the public authorities have also considered it necessary to protect both citizens and investors in terms of investment in financial assets in the digital sphere.
In this sense, crypto-assets do not have a specific regulatory framework yet (either at the national or community level), despite representing an increasingly prominent volume in our economies.
These financial products present specific risks, which the CNMV and the Bank of Spain try to tackle in defence of the small investor.
RDL 5/2021 defines crypto-assets as "digital representations of value or rights that can be transferred and stored electronically through distributed ledger technology or similar".
As we can see, the real difference between crypto-assets and another class of assets with digital representation (such as money itself) lies in their transmission and storage systems.
Crypto-assets have several advantages. They are fast, safe, confidential (to a certain extent). But they also have their counterparts:
Alerted by these risks, the CNMV and the Bank of Spain warned on February 9 (although they had already addressed the matter on previous occasions) about the volatility, potential lack of liquidity and complexity of these investments. They particularly highlighted the dangers of these risks for small investors.
Precisely for this reason, They reformed the Securities Market Law, increasing the powers of the CNMV. With the entry into force of RDL 5/2021, the body may:
Endowing the CNMV with powers of control would be useless if not coupled with the sanctioning function. In this sense, the modification of the LMV includes another article dedicated to infractions due to breach of obligations.
Thus, the art. 292.4 of the LMV is amended to consider a serious offence advertising in violation of arts. 240 and 240 bis and its implementing regulations. We are not, therefore, before a mere duty. Rather, it is an obligation, the breach of which carries legal consequences.
Such consequences include the following penalties:
In any case, the firm sanctions regarding this matter feature in the BOE. Thus, the infringement of the measures adopted in RDL 5/2021 will not only affect the company's patrimony but also its reputation.
El RDL 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia Covid-19 modifico la LMV para que la CNMV pueda sujetar a autorización la publicidad de inversión en criptoactivos.
Se extienden de este modo las competencias de supervisión, inspección y sanción del organismo, pasando a cubrir un ámbito hasta ahora carente de regulación. En este artículo analizamos el cambio normativo y las consecuencias de este nuevo sistema.
Las funciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores incluyen la supervisión e inspección de los mercados de valores y de la actividad de quienes participan en ellos. Sus actuaciones de supervisión e inspección vienen acompañadas de la potestad sancionadora y otras facultades de control y corrección.
El objetivo de dotar a la CNMV de estas facultades no es otro que velar por la transparencia de los mercados y sus precios y la protección de los inversores. Tareas para las cuales resulta imprescindible promover un régimen informativo prolijo y transparente.
En este sentido, la Ley del Mercado de Valores ya venía imponiendo el requisito de la autorización del Ministerio de Economía y Competitividad a la hora de dar publicidad a determinadas actividades. Además, el régimen de autorización también suponía la posibilidad de que la CNMV interviniera sancionando o imponiendo la cesación o rectificación de publicidad ilícita.
El RDL 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19, trata de proteger el tejido productivo ante la reducción de ingresos que ha supuesto la crisis sanitaria. Para ello ha emitido paquetes de medidas orientados a incrementar la liquidez de las empresas. Entre ellos destacan la concesión de financiación, moratorias y ayudas directas.
Pero, al margen de las medidas de fomento directo, los poderes públicos han considerado necesario proteger tanto a los ciudadanos como inversores en materia de inversión en activos financieros del ámbito digital.
En este sentido, los criptoactivos siguen sin disponer de un marco regulatorio específico (ni a nivel nacional ni comunitario), pese a representar un volumen cada vez más destacado en nuestras economías.
Estos productos financieros presentan riesgos específicos, que la CNMV y el Banco de España tratan de atajar en defensa del pequeño inversor.
El RDL 5/2021 define los criptoactivos como “representaciones digitales de valor o derechos que pueden transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registros distribuidos o similar”.
Como vemos, la verdadera diferencia entre los criptoactivos y otra clase de activos con representación digital (como el propio dinero) reside en sus sistemas de transmisión y almacenamiento.
Los registros distribuidos tienen un gran número de ventajas. Son rápidos, seguros, confidenciales (hasta cierto punto)... Pero también tienen sus contrapartidas:
Alertados por estos riesgos, la CNMV y el Banco de España publicaron el pasado 9 de febrero un comunicado (aunque ya habían abordado la materia en anteriores ocasiones) alertando sobre la volatilidad, potencial falta de liquidez y complejidad de estas inversiones. Incidieron especialmente en los peligros que suponían estos riesgos para los pequeños inversores.
Precisamente por eso se ha optado por reformar la Ley del Mercado de Valores, incrementando las competencias de la CNMV. Desde la entrada en vigor del RDL 5/2021, el organismo podrá:
De nada serviría dotar a la CNMV de facultades de control si no fueran aparejadas por la función sancionadora. En este sentido, la modificación de la LMV incluye otro artículo, dedicado a las infracciones por incumplimiento de obligaciones.
Se reforma así el art. 292.4 de la LMV para categorizar como infracción grave la realización de publicidad con infracción de los arts. 240 y 240 bis y de su normativa de desarrollo. No estamos, por tanto, ante un mero deber. Más bien se trata de una verdadera obligación, cuyo incumplimiento conlleva consecuencias jurídicas.
Tales consecuencias incluyen las siguientes sanciones:
En todo caso, las sanciones firmes en esta materia se publican en el BOE. De modo que la infracción de las medidas adoptadas en el RDL 5/2021 no solo supondrán una lesión patrimonial para la empresa, sino también un daño reputacional.
La Ley de Cambio Climático de España busca crear caminos reales hacia un mundo nuevo, más responsable con el medio ambiente. La Ley obligará a realizar muchos cambios en el modelo actual y las empresas deberán adaptarse lo antes posible si no quieren sufrir pérdidas ni quedarse atrás. En este artículo nos proponemos contarte las claves de la nueva Ley de Cambio Climático, así como los puntos que más interesantes pueden resultar para tu empresa.
En el momento en el que este artículo es redactado hablamos del “Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética”. Es decir, es todavía un proyecto de ley porque está pendiente de ser aprobada por el Senado. Una vez eso ocurra y se publique en el BOE, se convertirá en Ley.
La Ley de Cambio Climático es un texto legal que busca adaptarse y paliar los efectos que dicho cambio está causando en el planeta. La emergencia climática está en el centro de la agenda pública, siendo esta ley una gran muestra de ello. Además de la necesidad de adaptarse a los acuerdos internacionales como es el caso del Acuerdo de París y a las políticas europeas, que aspiran a que Europa alcance la neutralidad climática para 2050.
Los objetivos de esta ley son los objetivos del Acuerdo de París también, publicado en el BOE en febrero de 2017. En el primer artículo de la ley se cita el papel facilitador hacia la descarbonización de la economía española, la promoción de la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente.
La Ley divide sus objetivos más ambiciosos en dos fechas límite:
2030
2050
La neutralidad climática hace referencia a que las emisiones producidas sean las mismas que los sumideros naturales pueden absorber.
En general, los objetivos de la ley están bastante claros. Lo que no está tan claro es la manera en la que estos objetivos van a ser alcanzados. La Ley da algunas pautas y, en muchos otros casos, no. La idea es que la ley se vaya completando con nuevas estrategias a lo largo de los próximos años.
Sin embargo, con la información que ya tenemos, parece obvio entender que esta legislación chocará de frente con la actividad empresarial, habiendo múltiples empresas que tendrán que cambiar totalmente su modelo de negocio y productos de comercialización, así como otras podrán adaptarse a los cambios propuestos sin tener que variar su trabajo en sí. Serán las menos las empresas que puedan continuar su actividad sin ningún tipo de cambio en su forma de actuar.
En relación a la contratación pública, se exigirán medidas encaminadas a conseguir los objetivos de la ley. Criterios como la reducción de emisiones o la huella de carbono pasarán a ser criterios de adjudicación de contratación pública.
Las grandes empresas estarán obligadas a especificar los objetivos específicos para la descarbonización de sus actividades y a elaborar informes de riesgos para su actividad derivados de la transición a una economía sostenible cada año.
En un futuro cada vez más cercano, los combustibles fósiles dejarán de ser una realidad. Esta ley nos recuerda que estamos en la antesala. Una vez la ley esté publicada, estará prohibido otorgar nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se otorgarán nuevos permisos para extraer recursos radioactivos ni carbón.
Entonces está claro que no se podrán abrir nuevas explotaciones de estos recursos. Sin embargo, la ley no especifica que pasa con las empresas que ya están funcionando. Parece que, en principio y hasta nuevo aviso, podrán seguir llevando a cabo su actividad mientras no necesiten nuevas solicitudes.
La nueva ley fomentará los gases renovables, como el biogás, el biometano o el hidrógeno.
Para 2040. A partir de ese año no podrán venderse coches nuevos que emitan CO₂. Por este motivo, se instalarán puntos de recarga eléctrica en todo el territorio nacional.
Los edificios consumen muchos recursos para ser calentados en invierno y enfriados en verano. Una correcta rehabilitación de los mismos hará que su eficiencia energética sea mucho más elevada.
El objetivo es ser neutrales climáticamente hablando en 2050. Para esto será necesario que los sumideros de carbono absorban todas las emisiones producidas. Será importante producir menos emisiones, pero también que los sumideros estén bien cuidados y puedan absorber las máximas posible. Deberán identificarse estos sumideros, evaluarse y se fomentará su seguimiento, sirviendo como motor de desarrollo para zonas rurales.
Las empresas deberán adecuarse a todas estas medidas e incluso encontrar en ellas nuevos modelos de negocio, para seguir creando beneficio al tiempo que se contribuye a un planeta más limpio y una sociedad más justa.
La Ley de Cambio Climático española, en sintonía con el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, es un proyecto muy ambicioso. Para que los objetivos que estos textos buscan y prometen para toda la población, las empresas deberán adaptarse a lo exigido de manera rápida y adecuada. El trabajo de todos los sectores será renovado y desde Attolón ayudaremos a tu empresa a adaptarse al futuro verde de nuestro país.
La demanda de talento legal va en aumento en cualquier compañía actual, ya que la inevitable flexibilidad que nuestra época nos exige se suma a la dificultad de contratar a tiempo completo profesionales para entrar en la plantilla de la empresa. Además, el talento legal debe venir con la persona, que necesita tener una formación específica y saber afrontar los problemas que va a solucionar en la empresa que pide sus servicios. La figura perfecta ya existe y está en auge, siendo los consultores legales independientes la pieza fundamental para gran número de compañías. La mejor manera de contar con talento legal sin tener que crearlo.
Existe una presión de crear equipos con una relación coste-efectividad altos. Esto significa que muchos de estos equipos trabajan a menudo al límite de su capacidad. El mayor inconveniente aparece en el momento en el que es necesario cubrir vacaciones o bajas. Si el equipo es muy justo, incluso puede haber problemas con ausencias puntuales de trabajadores. La presión entonces aumenta. Y aquí es donde aparece la figura que salvará la solución: los consultores legales.
El talento legal independiente es la salvación perfecta para esta situación cada vez más típica. Ante estas ausencias o simplemente para cubrir vacaciones, contratar a una persona para el puesto específico es arriesgado. Las empresas no pueden arriesgarse a traer a la persona equivocada al equipo. Además, en el tiempo que tardará en adaptarse ya estará de vuelta el propietario de ese puesto. Por eso el talento legal independiente llega como la solución perfecta, llegando con unos conocimientos integrales y solucionando el problema sin buscar ser un trabajador permanente. Su trabajo es adaptarse al proyecto que se le presente, dando su asesoramiento especializado de manera temporal.
Los consultores legales cuentan con una gran formación y gran experiencia en un variado rango de ámbitos, pudiendo de esta manera cubrir un puesto que de otra manera necesitaría de varios profesionales. Los consultores legales ofrecen desde apoyo jurídico básico hasta la gestión de grandes operaciones legales, pasando por cualquier otro aspecto necesario que pueda aparecer.
Estos profesionales añaden un valor muy importante a cualquier compañía, destacando la adaptabilidad que inherentemente se asocia a su cargo. Están acostumbrados a trabajar con diferentes sistemas, procesos y ambientes de trabajo, por lo que su adaptabilidad está asegurada. Su mayor ventaja es, además, que están acostumbrados a trabajar bajo presión.
Tanto la situación mundial actual, como la deriva general que el mundo digital ha creado en los modelos de negocio, adaptarse es una necesidad. El trabajo en remoto y la atención cercana a través de la pantalla se han vuelto inevitables compañeros de las grandes empresas (y de las no tan grandes). Los últimos años han sido un período de adaptación a la era digital que ha venido para revolucionar el mundo de los negocios y para quedarse. En el plano jurídico también.
El acceso a grandes fuentes de información jurídica, así como a profesionales con talento legal, se ha vuelto un requisito fundamental para cualquier empresa exitosa. Y los consultores legales independientes han conseguido convertirse en esa pieza cada vez más fundamental para todos los equipos.
La flexibilidad se ha convertido en la nueva meta a alcanzar para muchos a nivel personal, pero también una necesidad para la mayoría de empresas, que han tenido que ir adaptándose a las circunstancias que les han ido llegando. Actualmente, la flexibilidad es lo que se busca. Y el talento legal independiente facilita esta flexibilidad dando gran cantidad de soluciones. Seguirá cobrando más importancia en la medida en la que los presupuestos continúen ajustándose, se congelen las contrataciones y se siga demandando entregar más por menos.
Los juristas que optan por dedicar su carrera profesional a la consultoría legal simplemente eligen un camino diferente del elegido por los abogados que tradicionalmente vemos con una posición a tiempo completo en un despacho de abogados. Eligen la flexibilidad y el control, así como la variedad del trabajo. Como hemos indicado, la profesión de los consultores legales es una que abarca desde el asesoramiento jurídico más básico hasta importantes tareas de gestión. Por ello, los consultores legales independientes desempeñan su trabajo con ambición, creando un nuevo camino alternativo en el mundo legal. Llenándolo de talento.
Además, al pertenecer por su parte a una plataforma, tendrán colaboradores, grupos de práctica, conocimientos, otros servicios de apoyo y recursos de know-how. De esta manera, los profesionales independientes no llegan a las empresas de manera completamente independiente, sino que lo hacen con un gran respaldo y apoyo para que el profesional lo sea cada día más.
Desde Attolón creemos en la necesidad de adaptación del mundo jurídico a la nueva realidad, buscando cubrir estas necesidades, al mismo tiempo que damos cabida a una renovación de las aspiraciones de los nuevos juristas. Por eso somos una plataforma tecnológica de servicios jurídicos a empresas con abogados de primer nivel. Nosotros nos encargamos de crear y asegurarnos de la existencia del talento, poniéndolo a disposición de las empresas que lo puedan necesitar.
Cada vez las compañías son más conscientes de que contar con, al menos, un project manager para gestionar proyectos es clave para el éxito de los mismos. Esta figura ha ido ganando relevancia en todos los campos a lo largo de los últimos años y el Sector Jurídico no es una excepción. Planificar adecuadamente un proyecto es casi más importante que la idea del proyecto en sí, por eso los project managers serán indispensables. Pero, ¿cuáles son sus funciones y qué ventajas aportan realmente?
El Legal Project Management consiste en aplicar aquellos conocimientos, técnicas y habilidades el Project Management o gestión de proyectos tradicional a la práctica legal.
De esta manera se logran adaptar técnicas de gestión de proyectos al Sector Jurídico, logrando así reducir tiempos y costes del servicio. Además, mejora la comunicación con el cliente y aumenta significativamente la calidad del trabajo jurídico.
La base se encuentra en la planificación, supervisión y revisión del proyecto. Y el project manager será la persona responsable de todas esas funciones.
El project manager es la persona encargada de velar por el cumplimiento de un determinado proyecto a todos los niveles. Su gestión va desde la adaptación de los presupuestos a la motivación del personal pasando por la valoración de los riesgos. Es una persona que aporta un valor añadido a cualquier proyecto velando por el mismo en su integridad.
Si hay algo más importante que sacar adelante proyectos, es hacerlo de manera planificada y organizada. Una persona al frente con la visión adecuada y las habilidades necesarias será vital.
Desde hace algún tiempo se ha ido desarrollando esta figura y existen diferentes formaciones específicas para desempeñar este puesto. Lo más normal es que la persona en cuestión tenga conocimientos de gestión y económicos, así como un mínimo de conocimientos sobre el sector concreto en el que va a trabajar. En este caso, conocimientos jurídicos. Si bien es cierto que esto último no es lo más importante en la figura de un project manager, que es un perfil más gestor y organizativo que técnico. El equipo deberá contar con personas con un perfil mucho más técnico que sirvan de apoyo al project manager.
La formación y habilidades deben capacitar al project manager para ser un profesional muy organizado, buen comunicador y también para gestionar tiempos y recursos de la manera más óptima para el proyecto.
Además, será indispensable que el project manager tenga una gran capacidad para el trabajo en equipo y cumplir una función de facilitador. Una de sus tareas más importantes será la gestión y motivación del resto de trabajadores. Es necesaria una figura de cohesión que transmita confianza y entusiasmo por el trabajo, especialmente ante grandes equipos.
Una vez expuestas las habilidades que un project manager debe reunir, sus tareas parecen encajar a la perfección con estas exigencias del puesto. Algunas de sus funciones más importantes serán:
Beneficiarse de la figura del project manager será la manera más sencilla de tener un proyecto completamente bajo control: en una misma persona se aúna la organización, la gestión del equipo, el control de calidad, la toma de decisiones alternativas ante problemas sobrevenidos… Además, a la hora de dar cuentas del proyecto no habrá problema para recabar la información necesaria porque las funciones del project manager recogen toda la información que cualquier empresa podría querer recabar de un proyecto concreto.
Además, contando con un project manager competente y de confianza, se reducen o simplemente desaparecen muchas de las malas praxis que a veces pueden perderse en el entramado de los trabajadores en una empresa muy grande. Es una herramienta de compliance en sí misma. En estos proyectos hay una persona velando continuamente por el correcto funcionamiento del mismo, así como de los valores de la empresa en concreto.
La figura de los project manager no apareció oficialmente hasta hace unas décadas, pero es una realidad que ha formado parte de los proyectos desde hace mucho más y se puede extrapolar a cualquier sector. Lleva de manera profesionalizada en el Sector Jurídico poco más de una década y son notables los beneficios que contar con esta figura trae a los proyectos.
ALSP (Alternative Legal Service Providers) is an acronym increasingly heard in the field of legal services. This is due to the profound transformation that the legal sector is undergoing, prompting service providers to explore more efficient ways to meet market needs.
Today's economy can be defined as unstable. Disruptive companies are changing market rules every few years, and the digital economy impacts companies' cost structures so deeply that it is not viable to stick to traditional models.
These constant transformations push the Legislative Powers of all States (including international or transnational) to adapt the regulatory framework to the new risks and opportunities. But legal changes always lag behind market evolution, so the result is an expansion (in number and complexity) of the regulatory framework applicable to different sectors, which is incapable, despite its growth, of responding to novel situations created by the economic and digital activity.
As a result, legal services evolve at a frenzied pace:
As a result, industry operators are changing the way they provide legal services. These pioneers are known as “non-traditional law firms” or ALSPs.
ALSPs (Alternative Legal Services Providers) are operators of the legal sector that provide legal services from a different position than the traditional one. Alert to the evolution of the digital economy and the new needs of the market, they are committed to a more agile methodology, a closer relationship with the client and the intensive use of technologies that facilitate their work.
Hence, these are not traditional offices. ALSPs approach the provision of legal services from a versatile prism:
Among the most common features of current ALSPs we find:
Our task at Attolon, as ALSP, is to offer new possibilities for contracting legal services. We are framed within the concept of staffing or project work, forming customized legal teams adapted to our client's needs.
Custom work teams design offers flexibility to the client, liberating him from the structure of their own legal department or the traditional law firm hired so far.
It is, in short, a new way of approaching the provision of legal services. At Attolon, we do not believe in monolithic departments or systems in which performance or profitability cannot be evaluated nor corrected.As ASLP, we provide adaptable and customized teams in tune with our client's goals. We provide highly professional advice even if the client's goals change over time. All this without the costs and limitations of traditional consulting. Do you want to try the legal services of the future?