El protocolo de desconexión digital es un instrumento obligatorio para las empresas desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD). Se trata de una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.

¿Por qué se regula el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral?

Introducido en nuestro Ordenamiento Jurídico mediante el art. 88 de la LOPDGDD, el derecho a la desconexión digital persigue garantizar el descanso, la intimidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras.

El uso intensivo de las TIC permite la ubicuidad en la prestación de servicios. Así, las personas trabajadoras pueden ejercitar sus funciones en la actualidad desde cualquier lugar. Cada vez más empresas prescinden de oficinas y establecimientos físicos, que ya no son necesarios para gozar de una infraestructura capaz y efectiva.

De hecho, la gestión de instalaciones se ha convertido en muchas ocasiones en una carga. Un sobrecoste operativo que supone gastos para la empresa sin reportar un nivel proporcional de eficiencia.

En resumen, el teletrabajo ha demostrado ser una forma de trabajo muy beneficiosa para las empresas y su plantilla. Pero también tiene una vertiente negativa.

El fácil acceso de las personas trabajadoras a dispositivos digitales diluye las fronteras entre su vida laboral y personal. En el modelo tradicional, cuando la persona abandonaba el despacho, oficina o su puesto de trabajo, dejaba de prestar servicios. Pero ahora, a causa de la ubicuidad facilitada por las TIC, es más fácil que la esfera laboral invada la esfera personal.

Este problema se hizo particularmente patente durante la crisis sanitaria de la COVID-19, especialmente en las empresas no habituadas al teletrabajo. Precisamente por eso es necesario que se garantice el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.

¿Qué es la desconexión digital en el ámbito laboral?

En resumen, la desconexión digital en el ámbito laboral no es más que el derecho a terminar el trabajo en el momento en que concluye la jornada. Este derecho, que en tiempos pasados podía darse por sentado, no es tan fácilmente defendible durante la era digital. Especialmente cuando es la empresa quien ha facilitado los medios o dispositivos de conexión.

Según la LOPDGDD, el objetivo del derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral es garantizar que, fuera del tiempo de trabajo, se respeten su descanso, permisos y vacaciones y su intimidad personal y familiar.

Si hacemos un análisis más detallado a nuestro Ordenamiento Jurídico, este derecho no es tan novedoso. El art. 18.4 de la Constitución indica que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Y en su artículo 40 impone a los poderes públicos el deber de velar por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizar el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

En definitiva, no estamos ante un derecho novedoso. El problema es que hasta la aprobación de la LOPDGDD no existían instrumentos adecuados para garantizar su efectividad. Y por eso se introdujo la obligatoriedad de contar con protocolos de desconexión digital.

¿Cómo son los protocolos de desconexión digital?

Existen dos claves a la hora de diseñar un protocolo de desconexión digital:

  1. En primer lugar, estos protocolos son casuísticos. Deben atender a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciando el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar. Evidentemente, cada puesto de trabajo tiene sus propios requisitos. Por tanto, los protocolos deben ser elásticos y no solo diferirán de una empresa a otra sino también, probablemente, de un puesto de trabajo a otro.
  2. En segundo lugar, los protocolos son negociados. La LOPDGDD otorga un papel central a la negociación colectiva o con la representación legal de la plantilla. Por tanto, a la hora de elaborar su política de desconexión deberá conceder audiencia previa a los representantes de los trabajadores.

Contenido mínimo de la política de desconexión

Conforme a la LOPDGDD, la política de desconexión debe incluir tanto modalidades de ejercicio del derecho como acciones de formación y sensibilización.

Por supuesto, este contenido será más intenso en los casos en que se aplique a puestos telemáticos o en modalidad de teletrabajo.

¿Cómo se implementa un protocolo de desconexión?

Ya hemos visto que la clave para implementar estos instrumentos radica en la negociación colectiva. Para ello se pueden emplear tanto convenios colectivos como acuerdos de empresa, pactos extraestatutarios y otros instrumentos válidos.

De esta negociación emanarán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión en el ámbito laboral. Tales modalidades se incardinarán posteriormente en la política interna de la empresa, que debe dar pie a las mencionadas acciones de formación y sensibilización.

Para garantizar la efectividad del protocolo deberán establecerse medidas de control y vigilancia, entre las que destaca el registro de control de jornada.

El borrador del Reglamento MiCa está ya preparándose para ser publicado. La Unión Europea contará con su propia regulación sobre criptoactivos, buscando así crear un mercado digital único y aportar seguridad jurídica y financiera. En este artículo analizaremos las claves que este borrador del Reglamento MiCA traerá a la legislación en este campo.

¿Qué es el Reglamento MiCA?

Es conocido como el Reglamento MiCA por sus iniciales en inglés market in crypto-assets.

Aunque antes de nada es importante recalcar que a fecha de esta publicación estamos solo ante un borrador. Se trata de una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937. Esto es porque, por ejemplo, se da una nueva definición jurídica para los instrumentos financieros, necesitando que las normas anteriores se adapten a la nueva realidad.

Será un Reglamento que busca establecer seguridad jurídica en el mercado de los criptoactivos, regulando este campo y protegiendo al consumidor.

¿A quién va dirigido el Reglamento MiCA?

Esta propuesta será de aplicación para todos aquellos que emitan o asesoren en la emisión de criptoactivos y que presten servicios de criptoactivos en la Unión Europea.

Los criptoactivos son definidos jurídicamente en este Reglamento como una representación digital de valor o derechos, que puede ser trasferida o almacenada electrónicamente a través de tecnologías de registro distribuido u otras tecnologías similares.

¿Cuáles son los objetivos del Reglamento MiCA?

Los objetivos son principalmente cuatro:

Este Reglamento MiCA busca establecer un marco normativo en el que innovar y las nuevas tecnologías tengan cabida, sin dejar de tener seguridad financiera y protegiendo a los consumidores así como a los inversores. Los criptoactivos no suponen una amenaza para la estabilidad europea, pero adaptar las normas será necesario para que esto continúe siendo así. Este mantenimiento de la estabilidad financiera es un objetivo base en el Reglamento MiCA.

Materias más concretas recogidas en el Reglamento MiCA

El Reglamento, en su búsqueda de seguridad jurídica y de dotar a la Unión Europea de un marco legal adecuado, define varios conceptos que hasta la fecha no estaban recogidos (porque hasta hace unos años ni existían) como pueden ser el propio término criptoactivos, así como los proveedores de servicios de dichos criptoactivos.

También busca el Reglamento MiCA asegurar desde un principio transparencia en relación a la emisión de criptoactivos y su funcionamiento. Se establece un régimen general para todas las emisiones de criptoactivos y también regímenes especiales para criptoactivos de determinadas categorías, con exigencia de mayores requisitos. Deberá publicarse toda la información relevante sobre los criptoactivos, así como descripciones detalladas sobre las operaciones, el destino de los fondos y los riesgos asumidos. Las ofertas públicas de criptoactivos serán reguladas.

Para impedir la desprotección de los consumidores, se fijan normas y medidas concretas.

El Reglamento también establecerá el procedimiento para autorizar las emisiones, así como también las condiciones de funcionamiento de los proveedores de servicios de criptoactivos.

Otros datos de interés

Es cierto que ya existían algunas normas que ya regulaban algunos conceptos como el dinero electrónico. De este modo, este Reglamento no regula, por ejemplo, sobre los criptoactivos emitidos por bancos centrales. Este Reglamento ha entrado a establecer normas y medidas para los criptoactivos que todavía no habían sido legislados.

Según el Reglamento MiCA, la autoridad competente deberá autorizar a los entes que vayan a prestar servicios de criptoactivos. Existirán una serie de requisitos para poder realizar este tipo de servicio. Los requisitos a cumplir serán de índole muy diversa, desde financiera, fiscal o incluso organizacional. Así se pondrán requisitos al capital, a la necesidad de presencia física en la Unión Europea e incluso un plan de continuidad de negocio, pasando por custodia de fondos de clientes.

Futuro de los criptoactivos en la Unión Europea

Como indicamos al principio de este artículo, aún no hay una fecha exacta en la que este texto vaya a ser aprobado. Incluso puede ser que antes de ser aprobado, el texto esté sujeto a cambios. A pesar de esto, las directrices y los objetivos del borrador del Reglamento MiCA están muy claros. Dejando claro también cuál es el rumbo que la Unión Europea quiere seguir y la seguridad que busca aportar, tanto a la economía en general como a los consumidores a título particular.

Gracias a esto, son muchos los agentes de la Unión Europea que están esperando esta publicación para que el mercado financiero con los criptoactivos como una realidad sea dotado de la seguridad tanto jurídica como económica que caracteriza a la Unión.

El nuevo Reglamento marcará los requisitos que deben cumplir los nuevos entes que pasarán a poder prestar servicios de criptoactivos. En este sentido apoyará la innovación. Esta innovación será una realidad en este gran avance tecnológico, al mismo tiempo que las antiguas entidades dan un paso a la modernización. Muchas son las empresas que ya están buscando y ligando su futuro a los criptoactivos, ya que todo apunta a que no hará otra cosa que crecer. Adaptarse desde un principio y, sobre todo, encontrar un hueco en el mercado al mismo tiempo que se está preparado para el nuevo Reglamento MiCA será indispensable para que los criptoactivos sean parte de nuestros negocios.

RDL 5/2021 on extraordinary measures to support business solvency in response to the Covid-19 pandemic amended the LMV so that the CNMV can subject to authorization the advertising of investment in crypto-assets.

Thus, the system extends the supervising, inspecting and sanctioning powers covering an area previously unregulated. This article will focus on the regulatory change and the consequences of this new system.

The supervision of the CNMV

The functions of the National Securities Market Commission include the supervision and inspection of the securities markets and the activity of those who participate in them. Its supervision and inspection actions are accompanied by sanctioning authority plus other powers of control and correction.

The objective of endowing the CNMV with these powers is to ensure the transparency of the markets and their prices and the protection of investors. Tasks for which it is essential to promote a neat and transparent information regime.

In this sense, the Securities Market Law already required authorization from the Ministry of Economy and Competitiveness when it came to advertising certain activities. Furthermore, the authorization regime also implied the possible intervention of the CNMV by sanctioning or imposing the cessation or rectification of illicit advertising.

The novelty of RDL 5/2021 on advertising

RDL 5/2021, of March 12, on extraordinary measures to support business solvency in response to the Covid-19 pandemic, tries to protect the productive fabric against the income's reduction that the health crisis has entailed. To this end, it has issued packages of measures aimed at increasing the liquidity of companies. Among them: financial support, moratoriums and direct aid.

But apart from direct promotion measures, the public authorities have also considered it necessary to protect both citizens and investors in terms of investment in financial assets in the digital sphere.

In this sense, crypto-assets do not have a specific regulatory framework yet (either at the national or community level), despite representing an increasingly prominent volume in our economies.

These financial products present specific risks, which the CNMV and the Bank of Spain try to tackle in defence of the small investor.

What are crypto-assets and what are their risks?

RDL 5/2021 defines crypto-assets as "digital representations of value or rights that can be transferred and stored electronically through distributed ledger technology or similar".

As we can see, the real difference between crypto-assets and another class of assets with digital representation (such as money itself) lies in their transmission and storage systems.

Crypto-assets have several advantages. They are fast, safe, confidential (to a certain extent). But they also have their counterparts:

The ability to impose an advertising regime 

Alerted by these risks, the CNMV and the Bank of Spain warned on February 9 (although they had already addressed the matter on previous occasions) about the volatility, potential lack of liquidity and complexity of these investments. They particularly highlighted the dangers of these risks for small investors.

Precisely for this reason, They reformed the Securities Market Law, increasing the powers of the CNMV. With the entry into force of RDL 5/2021, the body may: 

How will the advertising control in cryptocurrency offerings be effective?

Endowing the CNMV with powers of control would be useless if not coupled with the sanctioning function. In this sense, the modification of the LMV includes another article dedicated to infractions due to breach of obligations.

Thus, the art. 292.4 of the LMV is amended to consider a serious offence advertising in violation of arts. 240 and 240 bis and its implementing regulations. We are not, therefore, before a mere duty. Rather, it is an obligation, the breach of which carries legal consequences.

Such consequences include the following penalties:

In any case, the firm sanctions regarding this matter feature in the BOE. Thus, the infringement of the measures adopted in RDL 5/2021 will not only affect the company's patrimony but also its reputation.

El RDL 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia Covid-19 modifico la LMV para que la CNMV pueda sujetar a autorización la publicidad de inversión en criptoactivos.

Se extienden de este modo las competencias de supervisión, inspección y sanción del organismo, pasando a cubrir un ámbito hasta ahora carente de regulación. En este artículo analizamos el cambio normativo y las consecuencias de este nuevo sistema.

La supervisión de la CNMV

Las funciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores incluyen la supervisión e inspección de los mercados de valores y de la actividad de quienes participan en ellos. Sus actuaciones de supervisión e inspección vienen acompañadas de la potestad sancionadora y otras facultades de control y corrección.

El objetivo de dotar a la CNMV de estas facultades no es otro que velar por la transparencia de los mercados y sus precios y la protección de los inversores. Tareas para las cuales resulta imprescindible promover un régimen informativo prolijo y transparente.

En este sentido, la Ley del Mercado de Valores ya venía imponiendo el requisito de la autorización del Ministerio de Economía y Competitividad a la hora de dar publicidad a determinadas actividades. Además, el régimen de autorización también suponía la posibilidad de que la CNMV interviniera sancionando o imponiendo la cesación o rectificación de publicidad ilícita.

La novedad del RDL 5/2021 en materia de publicidad

El RDL 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19, trata de proteger el tejido productivo ante la reducción de ingresos que ha supuesto la crisis sanitaria. Para ello ha emitido paquetes de medidas orientados a incrementar la liquidez de las empresas. Entre ellos destacan la concesión de financiación, moratorias y ayudas directas.

Pero, al margen de las medidas de fomento directo, los poderes públicos han considerado necesario proteger tanto a los ciudadanos como inversores en materia de inversión en activos financieros del ámbito digital.

En este sentido, los criptoactivos siguen sin disponer de un marco regulatorio específico (ni a nivel nacional ni comunitario), pese a representar un volumen cada vez más destacado en nuestras economías.

Estos productos financieros presentan riesgos específicos, que la CNMV y el Banco de España tratan de atajar en defensa del pequeño inversor.

¿Qué son los criptoactivos y cuáles son sus riesgos?

El RDL 5/2021 define los criptoactivos como “representaciones digitales de valor o derechos que pueden transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registros distribuidos o similar”.

Como vemos, la verdadera diferencia entre los criptoactivos y otra clase de activos con representación digital (como el propio dinero) reside en sus sistemas de transmisión y almacenamiento.

Los registros distribuidos tienen un gran número de ventajas. Son rápidos, seguros, confidenciales (hasta cierto punto)... Pero también tienen sus contrapartidas:

La capacidad de imponer un régimen de publicidad

Alertados por estos riesgos, la CNMV y el Banco de España publicaron el pasado 9 de febrero un comunicado (aunque ya habían abordado la materia en anteriores ocasiones) alertando sobre la volatilidad, potencial falta de liquidez y complejidad de estas inversiones. Incidieron especialmente en los peligros que suponían estos riesgos para los pequeños inversores.

Precisamente por eso se ha optado por reformar la Ley del Mercado de Valores, incrementando las competencias de la CNMV. Desde la entrada en vigor del RDL 5/2021, el organismo podrá:

¿Cómo se hará efectivo el control de la publicidad en ofertas de criptodivisas?

De nada serviría dotar a la CNMV de facultades de control si no fueran aparejadas por la función sancionadora. En este sentido, la modificación de la LMV incluye otro artículo, dedicado a las infracciones por incumplimiento de obligaciones.

Se reforma así el art. 292.4 de la LMV para categorizar como infracción grave la realización de publicidad con infracción de los arts. 240 y 240 bis y de su normativa de desarrollo. No estamos, por tanto, ante un mero deber. Más bien se trata de una verdadera obligación, cuyo incumplimiento conlleva consecuencias jurídicas.

Tales consecuencias incluyen las siguientes sanciones:

En todo caso, las sanciones firmes en esta materia se publican en el BOE. De modo que la infracción de las medidas adoptadas en el RDL 5/2021 no solo supondrán una lesión patrimonial para la empresa, sino también un daño reputacional.

La Ley de Cambio Climático de España busca crear caminos reales hacia un mundo nuevo, más responsable con el medio ambiente. La Ley obligará a realizar muchos cambios en el modelo actual y las empresas deberán adaptarse lo antes posible si no quieren sufrir pérdidas ni quedarse atrás. En este artículo nos proponemos contarte las claves de la nueva Ley de Cambio Climático, así como los puntos que más interesantes pueden resultar para tu empresa.

¿Qué es la Ley de Cambio Climático?

En el momento en el que este artículo es redactado hablamos del “Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética”. Es decir, es todavía un proyecto de ley porque está pendiente de ser aprobada por el Senado. Una vez eso ocurra y se publique en el BOE, se convertirá en Ley.

La Ley de Cambio Climático es un texto legal que busca adaptarse y paliar los efectos que dicho cambio está causando en el planeta. La emergencia climática está en el centro de la agenda pública, siendo esta ley una gran muestra de ello. Además de la necesidad de adaptarse a los acuerdos internacionales como es el caso del Acuerdo de París y a las políticas europeas, que aspiran a que Europa alcance la neutralidad climática para 2050.

Objetivos principales de la nueva Ley de Cambio Climático

Los objetivos de esta ley son los objetivos del Acuerdo de París también, publicado en el BOE en febrero de 2017. En el primer artículo de la ley se cita el papel facilitador hacia la descarbonización de la economía española, la promoción de la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente.

La Ley divide sus objetivos más ambiciosos en dos fechas límite:

2030

2050

La neutralidad climática hace referencia a que las emisiones producidas sean las mismas que los sumideros naturales pueden absorber. 

¿Cómo afectará la Ley de Cambio Climático a las empresas?

En general, los objetivos de la ley están bastante claros. Lo que no está tan claro es la manera en la que estos objetivos van a ser alcanzados. La Ley da algunas pautas y, en muchos otros casos, no. La idea es que la ley se vaya completando con nuevas estrategias a lo largo de los próximos años.

Sin embargo, con la información que ya tenemos, parece obvio entender que esta legislación chocará de frente con la actividad empresarial, habiendo múltiples empresas que tendrán que cambiar totalmente su modelo de negocio y productos de comercialización, así como otras podrán adaptarse a los cambios propuestos sin tener que variar su trabajo en sí. Serán las menos las empresas que puedan continuar su actividad sin ningún tipo de cambio en su forma de actuar.

Contratación pública

En relación a la contratación pública, se exigirán medidas encaminadas a conseguir los objetivos de la ley. Criterios como la reducción de emisiones o la huella de carbono pasarán a ser criterios de adjudicación de contratación pública. 

Transición y elaboración de informes

Las grandes empresas estarán obligadas a especificar los objetivos específicos para la descarbonización de sus actividades y a elaborar informes de riesgos para su actividad derivados de la transición a una economía sostenible cada año.

Limitaciones a recursos contaminantes

En un futuro cada vez más cercano, los combustibles fósiles dejarán de ser una realidad. Esta ley nos recuerda que estamos en la antesala. Una vez la ley esté publicada, estará prohibido otorgar nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se otorgarán nuevos permisos para extraer recursos radioactivos ni carbón.

Entonces está claro que no se podrán abrir nuevas explotaciones de estos recursos. Sin embargo, la ley no especifica que pasa con las empresas que ya están funcionando. Parece que, en principio y hasta nuevo aviso, podrán seguir llevando a cabo su actividad mientras no necesiten nuevas solicitudes.

Fomento de gases renovables

La nueva ley fomentará los gases renovables, como el biogás, el biometano o el hidrógeno.

Los coches deberán ser cero emisiones

Para 2040. A partir de ese año no podrán venderse coches nuevos que emitan CO₂. Por este motivo, se instalarán puntos de recarga eléctrica en todo el territorio nacional.

Rehabilitación de los edificios

Los edificios consumen muchos recursos para ser calentados en invierno y enfriados en verano. Una correcta rehabilitación de los mismos hará que su eficiencia energética sea mucho más elevada.

Aumento de la captación de CO₂

El objetivo es ser neutrales climáticamente hablando en 2050. Para esto será necesario que los sumideros de carbono absorban todas las emisiones producidas. Será importante producir menos emisiones, pero también que los sumideros estén bien cuidados y puedan absorber las máximas posible. Deberán identificarse estos sumideros, evaluarse y se fomentará su seguimiento, sirviendo como motor de desarrollo para zonas rurales.

Las empresas deberán adecuarse a todas estas medidas e incluso encontrar en ellas nuevos modelos de negocio, para seguir creando beneficio al tiempo que se contribuye a un planeta más limpio y una sociedad más justa.

La Ley de Cambio Climático española, en sintonía con el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, es un proyecto muy ambicioso. Para que los objetivos que estos textos buscan y prometen para toda la población, las empresas deberán adaptarse a lo exigido de manera rápida y adecuada. El trabajo de todos los sectores será renovado y desde Attolón ayudaremos a tu empresa a adaptarse al futuro verde de nuestro país.

La demanda de talento legal va en aumento en cualquier compañía actual, ya que la inevitable flexibilidad que nuestra época nos exige se suma a la dificultad de contratar a tiempo completo profesionales para entrar en la plantilla de la empresa. Además, el talento legal debe venir con la persona, que necesita tener una formación específica y saber afrontar los problemas que va a solucionar en la empresa que pide sus servicios. La figura perfecta ya existe y está en auge, siendo los consultores legales independientes la pieza fundamental para gran número de compañías. La mejor manera de contar con talento legal sin tener que crearlo.

Talento legal independiente como solución

Existe una presión de crear equipos con una relación coste-efectividad altos. Esto significa que muchos de estos equipos trabajan a menudo al límite de su capacidad. El mayor inconveniente aparece en el momento en el que es necesario cubrir vacaciones o bajas. Si el equipo es muy justo, incluso puede haber problemas con ausencias puntuales de trabajadores. La presión entonces aumenta. Y aquí es donde aparece la figura que salvará la solución: los consultores legales.

El talento legal independiente es la salvación perfecta para esta situación cada vez más típica. Ante estas ausencias o simplemente para cubrir vacaciones, contratar a una persona para el puesto específico es arriesgado. Las empresas no pueden arriesgarse a traer a la persona equivocada al equipo. Además, en el tiempo que tardará en adaptarse ya estará de vuelta el propietario de ese puesto. Por eso el talento legal independiente llega como la solución perfecta, llegando con unos conocimientos integrales y solucionando el problema sin buscar ser un trabajador permanente. Su trabajo es adaptarse al proyecto que se le presente, dando su asesoramiento especializado de manera temporal.

Los consultores legales cuentan con una gran formación y gran experiencia en un variado rango de ámbitos, pudiendo de esta manera cubrir un puesto que de otra manera necesitaría de varios profesionales. Los consultores legales ofrecen desde apoyo jurídico básico hasta la gestión de grandes operaciones legales, pasando por cualquier otro aspecto necesario que pueda aparecer.

Estos profesionales añaden un valor muy importante a cualquier compañía, destacando la adaptabilidad que inherentemente se asocia a su cargo. Están acostumbrados a trabajar con diferentes sistemas, procesos y ambientes de trabajo, por lo que su adaptabilidad está asegurada. Su mayor ventaja es, además, que están acostumbrados a trabajar bajo presión.

Creciente necesidad de flexibilidad

Tanto la situación mundial actual, como la deriva general que el mundo digital ha creado en los modelos de negocio, adaptarse es una necesidad. El trabajo en remoto y la atención cercana a través de la pantalla se han vuelto inevitables compañeros de las grandes empresas (y de las no tan grandes). Los últimos años han sido un período de adaptación a la era digital que ha venido para revolucionar el mundo de los negocios y para quedarse. En el plano jurídico también.

El acceso a grandes fuentes de información jurídica, así como a profesionales con talento legal, se ha vuelto un requisito fundamental para cualquier empresa exitosa. Y los consultores legales independientes han conseguido convertirse en esa pieza cada vez más fundamental para todos los equipos.

La flexibilidad se ha convertido en la nueva meta a alcanzar para muchos a nivel personal, pero también una necesidad para la mayoría de empresas, que han tenido que ir adaptándose a las circunstancias que les han ido llegando. Actualmente, la flexibilidad es lo que se busca. Y el talento legal independiente facilita esta flexibilidad dando gran cantidad de soluciones. Seguirá cobrando más importancia en la medida en la que los presupuestos continúen ajustándose, se congelen las contrataciones y se siga demandando entregar más por menos.

Más sobre los consultores legales independientes

Los juristas que optan por dedicar su carrera profesional a la consultoría legal simplemente eligen un camino diferente del elegido por los abogados que tradicionalmente vemos con una posición a tiempo completo en un despacho de abogados. Eligen la flexibilidad y el control, así como la variedad del trabajo. Como hemos indicado, la profesión de los consultores legales es una que abarca desde el asesoramiento jurídico más básico hasta importantes tareas de gestión. Por ello, los consultores legales independientes desempeñan su trabajo con ambición, creando un nuevo camino alternativo en el mundo legal. Llenándolo de talento.

Además, al pertenecer por su parte a una plataforma, tendrán colaboradores, grupos de práctica, conocimientos, otros servicios de apoyo y recursos de know-how. De esta manera, los profesionales independientes no llegan a las empresas de manera completamente independiente, sino que lo hacen con un gran respaldo y apoyo para que el profesional lo sea cada día más.
Desde Attolón creemos en la necesidad de adaptación del mundo jurídico a la nueva realidad, buscando cubrir estas necesidades, al mismo tiempo que damos cabida a una renovación de las aspiraciones de los nuevos juristas. Por eso somos una plataforma tecnológica de servicios jurídicos a empresas con abogados de primer nivel. Nosotros nos encargamos de crear y asegurarnos de la existencia del talento, poniéndolo a disposición de las empresas que lo puedan necesitar.

Cada vez las compañías son más conscientes de que contar con, al menos, un project manager para gestionar proyectos es clave para el éxito de los mismos. Esta figura ha ido ganando relevancia en todos los campos a lo largo de los últimos años y el Sector Jurídico no es una excepción. Planificar adecuadamente un proyecto es casi más importante que la idea del proyecto en sí, por eso los project managers serán indispensables. Pero, ¿cuáles son sus funciones y qué ventajas aportan realmente?

Legal Project Management

El Legal Project Management consiste en aplicar aquellos conocimientos, técnicas y habilidades el Project Management o gestión de proyectos tradicional a la práctica legal.

De esta manera se logran adaptar técnicas de gestión de proyectos al Sector Jurídico, logrando así reducir tiempos y costes del servicio. Además, mejora la comunicación con el cliente y aumenta significativamente la calidad del trabajo jurídico.

La base se encuentra en la planificación, supervisión y revisión del proyecto. Y el project manager será la persona responsable de todas esas funciones.

Qué es un project manager

El project manager es la persona encargada de velar por el cumplimiento de un determinado proyecto a todos los niveles. Su gestión va desde la adaptación de los presupuestos a la motivación del personal pasando por la valoración de los riesgos. Es una persona que aporta un valor añadido a cualquier proyecto velando por el mismo en su integridad.

Si hay algo más importante que sacar adelante proyectos, es hacerlo de manera planificada y organizada. Una persona al frente con la visión adecuada y las habilidades necesarias será vital.

Formación y habilidades que debe tener un project manager

Desde hace algún tiempo se ha ido desarrollando esta figura y existen diferentes formaciones específicas para desempeñar este puesto. Lo más normal es que la persona en cuestión tenga conocimientos de gestión y económicos, así como un mínimo de conocimientos sobre el sector concreto en el que va a trabajar. En este caso, conocimientos jurídicos. Si bien es cierto que esto último no es lo más importante en la figura de un project manager, que es un perfil más gestor y organizativo que técnico. El equipo deberá contar con personas con un perfil mucho más técnico que sirvan de apoyo al project manager.

La formación y habilidades deben capacitar al project manager para ser un profesional muy organizado, buen comunicador y también para gestionar tiempos y recursos de la manera más óptima para el proyecto.

Además, será indispensable que el project manager tenga una gran capacidad para el trabajo en equipo y cumplir una función de facilitador. Una de sus tareas más importantes será la gestión y motivación del resto de trabajadores. Es necesaria una figura de cohesión que transmita confianza y entusiasmo por el trabajo, especialmente ante grandes equipos.

Funciones del project manager

Una vez expuestas las habilidades que un project manager debe reunir, sus tareas parecen encajar a la perfección con estas exigencias del puesto. Algunas de sus funciones más importantes serán:

Ventajas de contar con un project manager

Beneficiarse de la figura del project manager será la manera más sencilla de tener un proyecto completamente bajo control: en una misma persona se aúna la organización, la gestión del equipo, el control de calidad, la toma de decisiones alternativas ante problemas sobrevenidos… Además, a la hora de dar cuentas del proyecto no habrá problema para recabar la información necesaria porque las funciones del project manager recogen toda la información que cualquier empresa podría querer recabar de un proyecto concreto.

Además, contando con un project manager competente y de confianza, se reducen o simplemente desaparecen muchas de las malas praxis que a veces pueden perderse en el entramado de los trabajadores en una empresa muy grande. Es una herramienta de compliance en sí misma. En estos proyectos hay una persona velando continuamente por el correcto funcionamiento del mismo, así como de los valores de la empresa en concreto.
La figura de los project manager no apareció oficialmente hasta hace unas décadas, pero es una realidad que ha formado parte de los proyectos desde hace mucho más y se puede extrapolar a cualquier sector. Lleva de manera profesionalizada en el Sector Jurídico poco más de una década y son notables los beneficios que contar con esta figura trae a los proyectos.

ALSP (Alternative Legal Service Providers) is an acronym increasingly heard in the field of legal services. This is due to the profound transformation that the legal sector is undergoing, prompting service providers to explore more efficient ways to meet market needs.

The current challenges of legal services

Today's economy can be defined as unstable. Disruptive companies are changing market rules every few years, and the digital economy impacts companies' cost structures so deeply that it is not viable to stick to traditional models.

These constant transformations push the Legislative Powers of all States (including international or transnational) to adapt the regulatory framework to the new risks and opportunities. But legal changes always lag behind market evolution, so the result is an expansion (in number and complexity) of the regulatory framework applicable to different sectors, which is incapable,  despite its growth, of responding to novel situations created by the economic and digital activity.

As a result, legal services evolve at a frenzied pace:

As a result, industry operators are changing the way they provide legal services. These pioneers are known as “non-traditional law firms” or ALSPs.

Definition: What are ALSPs?

ALSPs (Alternative Legal Services Providers) are operators of the legal sector that provide legal services from a different position than the traditional one. Alert to the evolution of the digital economy and the new needs of the market, they are committed to a more agile methodology, a closer relationship with the client and the intensive use of technologies that facilitate their work.

Hence, these are not traditional offices. ALSPs approach the provision of legal services from a versatile prism:

ALSP Examples

Among the most common features of current ALSPs we find:

Staffing or project work

Our task at Attolon, as ALSP, is to offer new possibilities for contracting legal services. We are framed within the concept of staffing or project work, forming customized legal teams adapted to our client's needs.

Custom work teams design offers flexibility to the client, liberating him from the structure of their own legal department or the traditional law firm hired so far.

It is, in short, a new way of approaching the provision of legal services. At Attolon, we do not believe in monolithic departments or systems in which performance or profitability cannot be evaluated nor corrected.As ASLP, we provide adaptable and customized teams in tune with our client's goals. We provide highly professional advice even if the client's goals change over time. All this without the costs and limitations of traditional consulting. Do you want to try the legal services of the future?

ALSP (Alternative Legal Service Providers) son unas siglas cada vez más escuchadas en el ámbito de los servicios jurídicos. Esto se debe a la profunda transformación que está experimentando el sector legal, dando pie a que los proveedores de servicios exploren formas más eficientes de resolver las necesidades del mercado.

Los retos actuales de los servicios jurídicos

La economía actual puede definirse como turbulenta. Las empresas disruptivas son capaces de cambiar las reglas de mercado cada pocos años y la economía digital ha impactado tan profundamente en las estructuras de costes de las empresas que no es viable aferrarse a modelos tradicionales.

Estas transformaciones rápidas empujan a los Poderes Legislativos de todos los Estados (y también a aquellos internacionales o transnacionales) a adaptar el marco normativo a los nuevos riesgos y oportunidades. Pero los cambios legales siembre avanzan al rebufo de la evolución de mercado, por lo que el resultado es una expansión (en número y complejidad) del marco regulatorio aplicable a diferentes sectores, que pese a su crecimiento es incapaz de dar respuesta a las novedosas situaciones creadas por la actividad económica y digital.

En consecuencia, los servicios jurídicos están evolucionando a un ritmo vertiginoso:

Como consecuencia, los operadores del sector han empezado a cambiar el modo en que prestan servicios jurídicos. A estos pioneros se los conoce como “despachos no tradicionales” o ALSP.

Definición: ¿qué son los ALSP?

Los ALSP (Alternative Legal Services Providers) son operadores del sector jurídico que prestan servicios legales desde una posición diferente a la tradicional. Atentos a la evolución de la economía digital y a las nuevas necesidades del mercado, apuestan por una metodología más ágil, una relación más cercana con el cliente y el uso intensivo de tecnologías que facilitan su trabajo.

No se trata, por tanto, de despachos tradicionales. Los ALSP abordan la prestación de los servicios legales desde un prisma versátil:

Ejemplos de ALSP

Entre las prestaciones más comunes de los ALSP actuales encontramos:

El staffing o trabajo por proyectos

Nuestra tarea en Attolon, como ALSP, es ofrecer nuevas posibilidades para la contratación de servicios jurídicos. Nos enmarcamos en el concepto de staffing o trabajo por proyectos, configurando equipos legales a medida para adaptarnos íntegramente a las necesidades de nuestros clientes.

El diseño de equipos de trabajo a medida ofrece flexibilidad al cliente, que ya no queda atado a la estructura de su propio departamento jurídico o de la firma de abogados tradicional que haya contratado hasta el momento.

Se trata, en definitiva, de una nueva forma de enfocar la provisión de servicios legales. En Attolon no creemos en departamentos monolíticos ni en sistemas cuyo rendimiento o rentabilidad no se pueda evaluar y, en su caso, corregir.

Como ASLP ofrecemos equipos flexibles y a medida, que ofrezcan respuestas altamente especializadas, alineadas con las metas del cliente (incluso en el caso de que estas varíen con el tiempo) y, además, que permitan evitar los costes y limitaciones de la asesoría tradicional. ¿Quieres probar los servicios legales del futuro?

Según Wikipedia, "un atolón es una isla coralina oceánica, por lo general con forma de anillo más o menos circular, o también se entiende como el conjunto de varias islas pequeñas que forman parte de un arrecife de coral, con una laguna interior que comunica generalmente con el mar. Los atolones se forman cuando un arrecife de coral crece alrededor de una isla volcánica, a medida que la isla se va hundiendo en el océano. 

Durante ese proceso, el hundimiento lleva al viejo volcán a encontrarse por debajo del nivel del mar, pero no así a los bancos de coral, que no dejan de crecer mientras la isla se hunde, manteniendo la máxima actividad biológica donde las condiciones le son óptimas, al ras del agua. Al llegar a este punto, la isla que nació como un cono volcánico, se ha convertido en un atolón, una isla coralina de forma anular. Debido a que es una isla mayormente formada por coral, que forma un habitat favorable para la vida oceánica, la diversidad de peces que la habitan es considerablemente grande".

El hundimiento del viejo volcán, del modelo productivo caduco anterior, se inició hace unos años. A la vez, ya ha nacido una isla, que poco a poco se va convirtiendo en un atolón. Ese atolón o atolones, serán entidades que crearán un nuevo hábitat favorable.

Únicamente los atolones o entidades de servicios jurídicos de gran tamaño, formado por muchos abogados unipersonales, talento externo, conformarán el nuevo modelo productivo. Modelo flexible, ágil, internacional, transparente, tecnológico y coordinado.

Queremos que este blog refleje la cultura y valores de Attolon, de todo nuestro equipo y de todos nuestros abogados y colaboradores. Pensamos en el largo plazo. Todo el equipo asume que el crecimiento de la compañía tiene que ir acompañado de un crecimiento personal de todos nosotros.

No queremos ir a remolque, siempre vamos a tomar la iniciativa e intentar llegar lo más lejos posible. Nos adaptamos a los cambios y la incertidumbre. Somos innovación constante. Y no tenemos miedo a cometer errores. Venimos a transformarlo todo.

¿Nos acompañas?

Equipo Attolón.

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