La modificación de los Estatutos es un requisito para habilitar la celebración de juntas telemáticas. Esta posibilidad, que apareció de forma extraordinaria durante la crisis sanitaria derivada de la Covid-19, ha llegado para quedarse.

Desde el inicio del presente ejercicio, las sociedades tienen la posibilidad de actualizar sus textos fundacionales para permitir que las juntas se celebren a distancia. La Ley de Sociedades de Capital indica los requisitos habilitantes, así como las garantías que deben brindarse en materia de convocatoria, asistencia y ejercicio de derechos, incluyendo el de información.

En este artículo vamos a analizar tales requisitos, así como el proceso de modificación estatutaria. Y es que, aunque la redacción de la ley parezca sencilla, una interpretación sistemática de la norma podría llevarnos a situaciones de conflicto, en que no esté claro si realmente se han cumplido los requisitos legalmente exigidos para habilitar esta forma de reunión.

¿Se pueden celebrar las juntas de forma telemática?

Sí. La Ley de Sociedades de Capital permite la asistencia telemática a la junta, siempre que se cumplan ciertos requisitos:

  1. Esta posibilidad debe estar prevista en los Estatutos.
  2. Los medios telemáticos deben garantizar debidamente la identidad del sujeto.
  3. La convocatoria debe describir los plazos, formas y modos de ejercicio de derechos de los socios.
  4. A tal fin, los administradores podrían determinar que las intervenciones y propuestas de acuerdos a formular se deban remitir previamente a la sociedad.
  5. Cuando el socio o su representante asista telemáticamente y ejercite su derecho de información, la respuesta se podrá producir durante la propia reunión o bien durante los siete días siguientes.

¿Se pueden celebrar las juntas de forma exclusivamente telemática?

La Ley de Sociedades de Capital (LSC) también prevé la posibilidad de que las juntas se celebren de forma exclusivamente telemática. De nuevo, se trata de una posibilidad que requiere la previsión estatutaria.

En estos casos serán de aplicación las normas aplicables a una junta presencial. Por supuesto, se deberán realizar aquellas adaptaciones que requiera la naturaleza de la convocatoria.

Requisitos para la celebración de juntas de forma exclusivamente telemática

El primer requisito para que las juntas puedan celebrarse exclusivamente de modo telemático es que los Estatutos prevean esta posibilidad. Sobre esta cuestión, por su importancia, entraremos en detalle en el próximo apartado. Ahora vamos a centrarnos en los restantes requisitos.

El segundo requisito es que la identidad y legitimación de los socios y sus representantes quede debidamente garantizada. Además, se les deberá permitir la participación efectiva mediante medios de comunicación a distancia apropiados.

Esto incluye tecnologías audiovisuales, que deben ir complementadas por sistemas de mensajería instantánea. Por tanto, es competencia de los administradores implementar las tecnologías oportunas para que la junta se celebre en condiciones de normalidad.

También se va a exigir para la correcta convocatoria de la junta, que su anuncio informe sobre los trámites y procedimientos a seguir para:

La modificación de los Estatutos para hacer las juntas telemáticas

Como hemos visto, el punto clave para poder celebrar juntas a distancia es la previsión estatutaria. En este sentido, la mayoría de las empresas de reciente creación han incorporado esta posibilidad en su texto fundacional. Especialmente aquellas formadas tras la crisis sanitaria derivada del Covid-19.

De hecho, durante la pandemia se admitió la posibilidad excepcional de celebrar las juntas temáticamente sin necesidad de previsión estatutaria. Así, las medidas de las que hemos hablado fueron introducidas en la Ley de Sociedades de Capital para permitir que las sociedades adapten su funcionamiento e incorporen de forma permanente esta forma de reunirse.

Por tanto, la mayoría de las empresas todavía tienen que adaptar sus Estatutos, lo que requiere ciertos trabajos preparatorios. Recordemos que esta clase de modificación estatutaria se somete a una mayoría reforzada, siendo necesaria su aprobación por, al menos, dos tercios del capital presente o representado en la reunión.

¿Cómo modificar los Estatutos para habilitar las juntas a distancia?

Tratándose de una modificación estatutaria, el acuerdo deberá adoptarse por la Junta General. Además, será necesaria su formalización en escritura pública para poder inscribir el acuerdo en el Registro Mercantil.

Conforme hemos anticipado, la aprobación del acuerdo requiere una mayoría reforzada de dos tercios. Pero esta mayoría computa sobre el capital presente o representado en el momento de adoptar el acuerdo, lo que diferencia esta modificación de las reguladas en los arts. 199 y 201 LSC.

Este conflicto normativo dentro de la propia Ley de Sociedades de Capital ha llevado a parte de la doctrina a entender que es necesaria una interpretación sistemática del precepto. Conforme a la misma, existiría un requisito adicional:

No olvidemos, además, que los Estatutos de la compañía pueden establecer sistemas de refuerzo, tanto para los quorums de asistencia como para las mayorías exigibles para la adopción de acuerdos.

En conclusión, modificar los Estatutos para habilitar la posibilidad de celebrar las juntas telemáticamente puede requerir de cierto estudio y del establecimiento de garantías tecnológicas y jurídicas. Tanto a la hora de adoptar el acuerdo habilitante como a la hora de convocar y celebrar la junta.

Precisamente por ello, desde attolón te invitamos a contactar con nuestro equipo de especialistas en Derecho Corporativo antes de iniciar este proceso. Podemos ayudarte con la modificación de los Estatutos para habilitar las juntas temáticas y otras medidas de optimización empresarial.

La legislación fotovoltaica hace referencia al conjunto de normativas aplicables. Conocer el marco normativo aplicable es imprescindible para desarrollar una actividad en esta industria. Pero lo cierto es que el marco regulatorio puede parecer complejo.

No hay más que echar un vistazo a la recopilación realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así, son comunes las dudas en torno a las normas aplicables a cada tipo de sistema fotovoltaico. Y por eso hemos decidido arrojar algo de luz sobre el asunto, esquematizando la regulación de cada uno de ellos en este artículo.

Por supuesto, a la hora de desarrollar una actividad en el sector conviene no solo haber consultado la normativa, sino conocerla y estar familiarizado con ella. Nuestros abogados están especializados en Energías Renovables, de modo que no dudes en contactar con nosotros si necesitas asesoría sobre la materia.

La legislación fotovoltaica en España

Como no puede ser de otra forma, la primera norma que debemos mencionar en torno a la normativa solar en España es la Ley del Sector Eléctrico. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, regula todo tipo de actividades destinadas al suministro de energía eléctrica. Esto incluye la generación, transporte, distribución, servicios de recarga, comercialización e intercambios. También la gestión económica y técnica del sistema.

El objetivo de esta norma es garantizar el suministro de la energía eléctrica y su adecuación a las necesidades de los consumidores. En particular, salvaguarda los estándares de calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y mínimo coste.

Pero lo cierto es que, en la práctica, la normativa que entra en juego en la actividad del sector es la que desarrolla esta Ley. Entre ella encontramos dos Reales Decretos de especial importancia:

Podemos entender estas normas como la base de la normativa solar en España, ya que todas las instalaciones fotovoltaicas deben respetarlas. Pero estas no son las únicas reglas aplicables al sector.

Para entender mejor en qué campos entra en juego qué legislación fotovoltaica podemos partir de tres tipos de sistemas:

Normativa solar aplicable a los sistemas fotovoltaicos autónomos

Son autónomos los sistemas que carecen de un punto de conexión con la red eléctrica. Esto supone la incapacidad de interacción con la misma, por lo que deben generar o almacenar su propia energía. El proceso de autorización de estos sistemas depende de su potencia, estableciéndose un umbral en los 10 kW de potencia.

Los sistemas que superen el umbral deberán ser autorizados previa presentación de un proyecto anexo a la certificación de la instalación. Son técnicos habilitados quienes pueden elaborar este proyecto, conforme a las instrucciones de la ITC-BT-04. Si la instalación fuera de alta tensión, existirían algunos requisitos adicionales.

Evidentemente, la autorización de sistemas con potencia inferior a los 10 kW será más sencilla. En este caso se podrá adjuntar al Certificado de Instalaciones Eléctricas una Memoria Técnica de Diseño elaborada por un electricista acreditado.

En ambos casos resultará aplicable la ITC-BT-40, que es la instrucción aplicable a instalaciones generadoras.

Marco regulatorio de las centrales fotovoltaicas

Al contrario que los sistemas autónomos, las centrales fotovoltaicas sí están conectadas a la red. De hecho, su objetivo es volcar energía a la misma, por lo que no están destinadas al consumo sino a la producción. En este caso, el umbral de interés a efectos de determinar la legislación aplicable es de 100 kW.

Cuando el sistema tenga una potencia superior a dicho umbral, resultarán de aplicación las siguientes normas:

Por supuesto, más sencilla será la autorización de sistemas con potencia inferior. En estos casos la normativa aplicable será similar a la utilizada por los sistemas fotovoltaicos autónomos, si bien también entrará en juego el RD 1699/2011, que regula la conexión a la red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

Regulación de los sistemas fotovoltaicos de autoconsumo

Los sistemas de autoconsumo pueden tener o no excedentes y conllevar o no derecho a compensación. En todo caso les serán de aplicación el RDL 15/2018 y su norma de desarrollo, el RD 244/2019.

A este tipo de instalaciones les resultan de aplicación algunas de las normas antedichas, como el RD 842/2002 (baja tensión) o el RD 1955/2000 (más de 15 kV de corriente continua o 1 kV de corriente alterna). Su proceso de autorización es relativamente sencillo, especialmente si no tienen una elevada potencia. Se trata de un procedimiento abreviado que no requiere de autorización ambiental ni de explotación, ni tampoco del depósito de avales ni el alta en registros.

¿Cómo averiguo la legislación fotovoltaica aplicable a mi proyecto?

Con las indicaciones anteriores ya deberías tener una idea bastante precisa del entramado de la normativa solar en España. Dependiendo del tipo de instalación y su potencia, sabrás qué normas debes conocer y respetar. Pero en estos casos siempre es recomendable recabar la asistencia de especialistas. Y en este sentido, te invitamos a contactar con nosotros para que te ayudemos a preparar tu proyecto.

Así es. Conforme al anteproyecto de ley encargado de trasponer la directiva whistleblowing, de la que ya hemos hablado previamente en nuestro blog, la ley obligará a las empresas de más de 50 trabajadores a tener un delegado de privacidad.

Encontramos así un incremento de las obligaciones corporativas ex normativa nacional, que amplía los supuestos de protección respecto a la Directiva Europea. El legislador se compromete así con la custodia de los informadores y apuesta por la creación de canales de denuncia seguros.

Por supuesto, este marco normativo supone un incremento de obligaciones para empresas de reducida plantilla. Sin embargo, estamos convencidos de que la correcta instauración de canales de denuncia revertirá en un marco más favorable tanto para la empresa como para la sociedad.

También somos conscientes del reto que puede suponer para una pyme la implementación de estos sistemas. Por eso ponemos a su disposición a nuestro equipo de abogados especialistas en Derecho Corporativo.

El anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

Con este imponente nombre se presenta el anteproyecto de la ley que debe trasponer la Directiva (UE) 2019/1937, más conocida como Directiva Whistleblowing. La norma europea trata de crear un marco de protección para las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Lo cierto es que las denuncias de particulares se han mostrado en los últimos tiempos como una importante fuente de información. Tanto para señalar ilícitos como para prevenir su comisión o mejorar los estándares de calidad y protección en empresas y Administraciones Públicas.

En esta línea se redacta el citado anteproyecto de ley, que además es consciente de la importancia que cobra la protección de los datos de carácter personal del denunciante en el escenario de un canal seguro.

¿Qué supone la trasposición de la directiva Whistleblowing?

Como informamos en su momento, la Directiva Whistleblowing incorporaba la obligación de contar con un canal de denuncias interno para las empresas de más de 50 trabajadores. También es cierto que la norma permite a las empresas con menos de 250 personas en plantilla compartir sus recursos con otras empresas para gestionar adecuadamente sus canales de denuncias.

Por otro lado, el tipo de denuncias que deben conducirse por estas vías tiene un ámbito amplio pero limitado. Es decir, la empresa solo debe garantizar que puedan denunciarse asuntos concernientes a la salud pública, protección de consumidores y del medio ambiente, seguridad de los servicios y productos y otros, que puedan entrar en colisión con la normativa europea. Evidentemente, la empresa puede ampliar los campos estrictamente indicados en la Directiva, a fin de aprovechar el canal de denuncias como un útil componente de su política de corporate compliance.

Quien utilice estos canales seguros deberá contar con ciertas garantías. Es imprescindible que el informante quede libre de represalias para asegurar el funcionamiento efectivo de tales instrumentos.

¿Cuál es la novedad introducida en el anteproyecto de ley?

Hasta ahora, sabíamos que incluso las pymes deberían incorporar canales de denuncias internas. Lo que no sabíamos era que las empresas con más de 50 trabajadores también estarían obligadas a tener un delegado de privacidad.

Esta innovación procede del anteproyecto de ley, aunque en realidad tiene sentido. Tengamos en cuenta que el objetivo de todo este entramado normativo es evitar las habituales represalias a las que se veían sometidos quienes denunciaban irregularidades.

En este sentido, la protección comienza por encubrir la identidad del informante. Y por eso la norma establece que solo la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal o la autoridad administrativa competente debería poder acceder a esta información.

La protección de datos tan sensibles requiere, por tanto, el nombramiento de un Delegado de Privacidad. Esta figura también será obligatoria en partidos políticos, sindicatos, empresariales y fundaciones financiadas con fondos públicos.

Entonces, ¿debo incorporar a un Delegado de Protección de Datos o Privacidad?

Si, siempre y cuando tu compañía:

Además, ya contaban con la obligación de incorporarlo:

¿Cómo se designa a un Delegado de Protección de Datos o DPO?

La ley requiere que el DPO cuente con cierta independencia, sin impedir que el cargo pueda recaer en empleados de la propia empresa. También hace hincapié en las capacidades profesionales y los conocimientos especializados en Derecho y en la práctica en materia de protección de datos de estos profesionales.

Fuera de estas precisiones en torno a las cualidades profesionales del Delegado de Protección de Datos, nada establece la ley sobre su nombramiento, más allá de la posibilidad de que los grupos empresariales designen a un profesional único.

De modo que a la hora de designar a un Delegado de Privacidad, lo que debes hacer es buscar a un buen especialista en Derecho de Protección de Datos. En ese sentido, desde attolón podemos ayudarte a cumplir con tus nuevas obligaciones.

Nuestros servicios te permiten incorporar a profesionales jurídicos altamente especializados sin sufrir un gran impacto en tu estructura de costes. Puedes integrarlos permanentemente en tu organigrama o contratarlos tan solo para proyectos o asesoría externa. Contacta con nosotros y te explicaremos en detalle cómo cumplir con esta nueva obligación de contar con un Delegado de Privacidad si tu empresa tiene más de 50 trabajadores.

En el sector legal, conocemos los secondments como períodos de tiempo durante los cuales un abogado presta servicios en otro despacho o integrado en el departamento jurídico de una empresa. Se trata de una figura habitualmente empleada para complementar la plantilla de la empresa o ampliar la experiencia del abogado, pero que poco a poco gana peso como forma de aportar valor tanto al despacho como al departamento jurídico de la empresa beneficiaria.

Desde la aparición de los ALSP, muchas empresas confían en esta figura para complementar su departamento legal o completar proyectos. De hecho, es una práctica empleada en attolón, que nos permite prestar servicios altamente especializados aportando grandes beneficios a nuestros clientes.

Uso tradicional de los secondments

Habitualmente se ha utilizado el secondment como un tipo de complemento a los recursos humanos, formación o incentivo.

Muchas veces se recurre a él a modo de intercambio. En este caso, un despacho cede a otro a una de sus figuras clave y viceversa. Como resultado, ambos conocen la práctica en el otro despacho, ampliando su horizonte y su conocimiento del sector. Así, es una práctica habitual en el establecimiento de alianzas estratégicas, especialmente a nivel internacional.

También es frecuente recurrir a secondments con los propios clientes del despacho. Básicamente se llega a un acuerdo, por medio del cual uno de los abogados se integra en el organigrama del cliente temporalmente para conocer mejor su día a día y los problemas y riesgos legales a los que se enfrenta.

Y otro escenario en que se recurre a esta herramienta es cuando se necesita complementar el departamento de recursos humanos de la compañía, generalmente por necesidades transitorias como la cobertura de vacantes con reserva del puesto de trabajo, incrementos temporales de la demanda o la necesidad de abordar un proyecto determinado o un imprevisto urgente. 

Ventajas de recurrir al secondment

Como se comprenderá, esta práctica tiene importantes ventajas.

  1. En primer lugar, el despacho conoce mejor la práctica de la organización en la que ha integrado a su abogado. Generalmente, esto aporta mayor conocimiento del cliente, lo que redunda en un mejor servicio. En el caso de secondments internacionales, el abogado adquiere la práctica jurídica del país de destino mediante el ejercicio real y cotidiano de la profesión.
  2. En segundo lugar, se trata de una práctica de incentivo y formación de empleados clave. Se aporta nuevas experiencias al profesional, que además aprovecha para incrementar sus áreas de práctica o profundizar en el conocimiento de nuevos sectores, prácticas o clientes.
  3. Por otro lado, el conocimiento mutuo de las organizaciones alcanzado mediante el intercambio profesional ayuda a estrechar lazos y a conocerse mejor. Lo que resulta clave tanto a nivel de fidelización de clientes como de establecimiento de alianzas estratégicas.

El uso del secondment en la actualidad

Recientemente, la figura del secondment ha sido objeto de una transformación. Uno de los factores clave han sido las sucesivas crisis económicas.

Así, muchas empresas y despachos profesionales han buscado técnicas que les permitieran incrementar su competitividad sin necesidad de incurrir en aumentos presupuestarios. Los secondments se han presentado como herramientas muy útiles a este respecto, porque:

Estas ventajas han llamado la atención de múltiples operadores económicos, y han conllevado la introducción natural de la figura en la cartera de servicios de los ALSP, el otro factor clave de la transformación del secondment.

La integración del secondee en los ALSP

Una de las claves de los ALSP es la búsqueda de modelos de colaboración y prestación de servicios ágiles, flexibles y que aporten un elevado valor añadido sin un gran impacto en la estructura de costes. En este sentido, resultan evidentes las ventajas que el secondee puede aportar a sus clientes.

Por ejemplo, desde attolón ofrecemos la posibilidad de configurar equipos legales a medida de las necesidades de nuestros clientes. En ocasiones, esto supone la creación de un equipo altamente especializado para hacer frente a un proyecto específico. Otras veces conlleva la integración de algunos de nuestros mejores profesionales en las empresas que nos necesitan.

Al ser un acuerdo de naturaleza temporal, cuando la empresa recurre al secondment no corre riesgos como la desactualización de su equipo legal o la obligación de mantener un departamento jurídico sobredimensionado cuando termina un proyecto crítico o si se retrae la demanda.

Paralelamente, nuestros abogados adquieren experiencia con pioneros y referentes del sector. Al trabajar día a día con estas empresas, conocen a la perfección sus necesidades legales y pueden anticiparse a ellas. Además, al estar acostumbrados a asesorar a compañías de primer nivel, aportan un valor añadido superior al que se obtendría de un despacho tradicional.

La nueva Ley Europea de chips busca regular un sector crítico para las economías digitales de la actualidad. Los chips resultan un recurso estratégico en plena transformación digital, siendo el núcleo de sectores en auge como la conducción automatizada, el IoT, la defensa o las supercomputadoras.

Sin embargo, atravesamos una crisis en cuanto a la disponibilidad de este recurso clave. Razón por la cual, la Unión Europea ha decidido tomar cartas en el asunto.

¿Es necesaria una Ley Europea de chips?

La regulación comunitaria busca llegar allí donde los Estados miembros no pueden llegar por sí mismos. Establece lazos de cooperación y marcos de homogeneidad en materias críticas y globales, donde los intereses de todos están en juego.

Un ejemplo de este campo global es la producción de chips y microcontroladores. A lo largo de 2020 se manufacturaron más de un trillón de estos componentes, y solo el 10% se produjeron en Europa.

La crisis de semiconductores ha demostrado la insuficiencia de este nivel de producción. A fin de cuentas, estos materiales son críticos en la cadena de producción de las economías modernas. Por lo que la Unión Europea pretende potenciar la manufactura, investigación y diseño de nuevos semiconductores y chips.

¿Cuáles son los puntos esenciales de la European Chips Act?

Con la nueva regulación, la Unión Europea pretende movilizar inversiones públicas y privadas por valor superior a los 15 billones de euros. Esto representaría una inversión total de 43 billones de euros hasta 2030, empleados para potenciar campos como la investigación, prototipado, inversión, innovación y manufactura.

Mediante el incremento de la inversión en el sector, la Unión Europea persigue:

  1. Reforzar el liderazgo tecnológico regional, apostando por convertirse en un referente en cuanto a producción de chips más pequeños y rápidos.
  2. Desarrollar y reforzar la capacidad de innovación en el sector.
  3. Establecer un marco proclive al incremento de la capacidad de producción, pasando a representar un 20% del mercado global en 2030.
  4. Atraer talentos y cualificar personal.
  5. Incrementar nuestra comprensión de las cadenas de suministro de semiconductores.

¿Cuál es la estrategia de la Unión Europea a corto, medio y largo plazo?

A corto plazo, la Unión Europea pretende prepararse para futuras crisis de semiconductores. No olvidemos que la interrupción de la cadena de suministros ha generado graves daños a nuestra industria. Por ejemplo, la producción en el sector automotriz se ha reducido en un tercio durante la última crisis de suministros.

A medio plazo se buscará el refuerzo de las capacidades de diseño y fabricación en los Estados miembros, que debería conducir a largo plazo a un escenario proclive al liderazgo tecnológico.

Para cumplir estos objetivos se recurrirá a herramientas como:

¿Cómo afectará a España este paquete de medidas?

Actualmente, estamos a la espera de que la Comunicación de la Comisión se materialice en normas formales. En esta Comunicación, la Comisión solicitó la adopción de una Regulación y una Recomendación, que conducirán al establecimiento del nuevo marco normativo mediante la participación de los Estados miembros en el Parlamento Europeo.

Pese a ello, ya sabemos que se van a potenciar algunas áreas económicas. Principalmente:

Estamos, por tanto, ante un área económica que va a experimentar una radical expansión, a la vez que se verá sometida a importantes cambios regulatorios.

¿Cómo puede ayudarte attolón?

El Derecho de las Nuevas Tecnologías es un área legal en constante evolución. Además, afecta a las empresas e iniciativas más rentables en las economías modernas. En plena transición digital, se trata de una de las disciplinas más relevantes del mundo jurídico.

Conscientes de ello, desde attolón nos esforzamos por mantenernos siempre a la cabeza de la innovación. Contamos con profesionales altamente especializados en este campo y asesoramos a inversores, emprendedores, productores, comercializadores, importadores y exportadores.

Nuestra forma de trabajo es novedosa y flexible: configuramos equipos de trabajo a medida de las necesidades de nuestros clientes para apoyarle en tareas críticas sin que tenga que asumir los costes de constituir un departamento jurídico interno que corre el riesgo de quedar rápidamente desactualizado.

De modo que si necesitas prepararte para esta revolución económica podemos ayudarte. Te mantendremos al tanto de las últimas novedades regulatorias e iremos adaptando tu empresa para que pueda beneficiarse de los nuevos incentivos y evitar riesgos relacionados con certificaciones de calidad, sanciones y otros imprevistos legislativos.

La Ley Europea de Chips ya es una realidad. Prepárate para la revolución digital con la ayuda de nuestro equipo de especialistas en Derecho de las Nuevas Tecnologías.

Las IDO o Initial DEX Offering son una fuente de financiación alternativa. Una evolución de las Ofertas Públicas de Venta, similar a las ICO y las IEO, pero basada en tecnología descentralizada.

Se trata de una opción relativamente nueva, pero utilizada cada vez por más proyectos, que permite obtener liquidez de forma rápida. Pero, pese a sus ventajas, antes de recurrir a una IDO conviene conocer también sus inconvenientes. Estudiar la empresa y planificar un buen proyecto, con las adecuadas cautelas económicas y jurídicas, será clave para maximizar la financiación por medio de una Initial DEX Offering.

¿Qué es una IDO?

La IDO (Initial DEX Offering) es un método de financiación de los que se calificarían como alternativos. A la hora de lanzar una Initial DEX Offering, los promotores de un proyecto crean una criptomoneda o token.

Esas divisas digitales se financiarán por inversores individuales, que podrán intercambiar sus tokens utilizando un sistema descentralizado. Se crea así una liquidity pool o reserva de liquidez. Un depósito que permitirá al inversor aportar liquidez y posteriormente cobrar comisiones en las operaciones de intercambio e incluso, si así se estipula, participar en la gobernanza del proyecto.

En este sentido, las IDO guardan semejanza con las ICO y las IEO. Se han utilizado exitosamente para obtener la financiación inicial de numerosos proyectos, ya que permiten reunir liquidez de forma rápida para sacar el proyecto al mercado.

¿Cómo funcionan las IDO?

Existen plataformas especializadas en servicios IDO, como Binance DEX o Uniswap. Los promotores del proyecto pueden documentarlo y remitirlo a la plataforma, que tras estudiarlo podrá aceptar el lanzamiento de la IDO.

Llegados a este punto se abrirá la posibilidad de compra de los tokens. Durante la etapa inicial, en realidad, lo que se vende es un pagaré. Una representación de los tokens adquiridos, que serán entregados al inversor en cuanto se acuñen los activos, pero que permite anticipar la obtención de liquidez.

Ventajas y desventajas de recurrir a una Initial DEX Offering

Como cualquier otra fuente de financiación, las IDO tienen aspectos positivos y negativos. Por tanto, antes de recurrir a ellas conviene estudiar el estado y perspectivas del proyecto.

Generalmente, este análisis se debe poner en manos de especialistas, que participarán activamente en el desarrollo y documentación del proyecto. Desde attolón podemos ayudarte a estudiar las vías de financiación de tu proyecto, pues somos especialistas en la materia.

Las ventajas de las IDO

Al utilizar fuentes de financiación alternativa, las startups acceden a fondos que les estarían vedados si recurrieran a las vías tradicionales. Además, muchas veces estas fuentes resultan más rentables, si bien es cierto que conviene regular concienzudamente el impacto que tendrá la posesión de los tokens en el proyecto, tanto a nivel económico como político, en su caso.

Respecto a otras vías de financiación alternativa, las Initial DEX Offering también presentan algunas ventajas:

Las desventajas de las IDO

Si bien la ausencia de un operador centralizado aporta a las IDO todas sus ventajas, también supone algunas desventajas:

¿Qué aspectos legales debo tener en cuenta a la hora de financiarme por esta vía?

Como ocurre con cualquier otro token, al crear los que integran las IDO deberemos establecer su impacto sobre el proyecto. Y no podemos olvidar que la regulación en el sector es creciente, tanto a nivel nacional como comunitario.

En este sentido, los tokens que tienen la consideración de utility tokens pueden verse afectados por diferentes áreas del Ordenamiento Jurídico. Desde el régimen general de obligaciones y contratos hasta el comercio electrónico, pasando por sistemas de publicidad y efectos tributarios.

En las IDO, sin embargo, lo más habitual es buscar únicamente liquidez, lo que nos llevaría a asimilar el token a una criptodivisa. Siendo este el caso habrá que atender a la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, así como a los aspectos fiscales del proyecto.

El régimen de publicidad frente al Banco de España y la CNMV constituirá una de las obligaciones formales más relevantes para el proyecto de financiación. Además, convendrá adoptar ciertas cautelas en materia de seguridad jurídica.

No olvidemos que al recurrir a una Initial DEX Offering quedamos expuestos a maniobras malintencionadas, y que no conocemos a nuestros inversores. Esto introduce un riesgo de volatilidad que puede afectar a nuestra disposición de liquidez, a la rentabilidad de nuestros inversores y a nuestra propia imagen pública.

¿Dónde puedo encontrar a abogados especializados en IDO?

Dado que la primera IDO se lanzó en 2019, estamos hablando de un concepto todavía joven. Esto hace que no existan muchos despachos especializados en la materia, aunque cada vez somos más los abogados que nos centramos en blockchain y criptoactivos.

En attolón contamos con un equipo de especialistas en Nuevas Tecnologías. Por tanto, podemos ofrecer a tu proyecto el blindaje jurídico que necesita. Tenemos experiencia en materia de criptoactivos y contamos con colaboradores que han acompañado a decenas de startups desde sus inicios hasta su despegue.

De modo que podemos configurar un equipo a medida de tu proyecto. Tan solo necesitaremos que contactes con nosotros para darnos más información y nos encargaremos de darte el apoyo legal y estratégico que necesitas.

The Sentence of the European Court of Justice will opens the door to recover some of the taxes and fines paid by individuals with regard to the 720 Tax Form 

The Court of Justice of the European Union (CJE) states that the form 720, is contrary to the free movement of capital based on the fact that the obligation to submit that Form and the penalties for failure to comply with or for partial or late compliance with that obligation establish a difference in treatment between Spanish residents according to the location of their assets. 

What are the immediate consequences linked to the current 720 Form? 

Elimination of the following aspects related to the failure to comply with or the partial or late compliance with the obligation to provide information concerning assets and rights located abroad would not 

And what are the consequences for the individuals, what actions could they pursue? 

There are different solutions depending on the each situation 

Hoy queremos anunciar que, desde attolón, prestamos servicios de esta clase a empresas de todo el mundo. Por eso hemos considerado interesante dedicar unas líneas a explicar qué clase de prestaciones representan y cuáles son las ventajas de contratar un despacho como attolón para gestionar la fiscalidad y movilidad internacional.

¿Qué son los servicios “tax and global mobility”?

Como su nombre indica, el concepto “tax and global mobility” hace referencia a una serie de servicios demandados por empresas en proceso de movilidad internacional.

La regulación fiscal depende de cada uno de los Ordenamientos Jurídicos aplicables, así como de la existencia de entidades supranacionales o internacionales y Tratados o Acuerdos. Precisamente por ello, la planificación fiscal de una multinacional o de una compañía en proceso de internacionalización requiere un alto grado de experiencia.

Algunas empresas optan por contratar abogados tanto en el Estado de origen como el de destino. Otras incorporan juristas especializados en su departamento legal.

Sin embargo, desde attolón proponemos una forma más eficiente y flexible de gestionar la fiscalidad internacional. Contamos con abogados en diferentes países especializados en varias ramas del Derecho. De modo que podemos configurar un equipo ad hoc para gestionar el proceso de externalización ahorrando costes estructurales y ofreciendo los mejores resultados.

Pero, al margen de las implicaciones fiscales, un proceso de movilidad empresarial conlleva la aplicación de otros marcos normativos. Entre ellos destacan las retribuciones y Seguridad Social, pero también se debe prestar atención a otros elementos.

¿Qué aspectos jurídicos deben considerarse en un proceso de internacionalización?

Los procesos de internacionalización requieren una cuidadosa planificación. A nivel fiscal se deberá analizar la carga tributaria y la existencia de acuerdos y convenios internacionales para evitar la doble imposición.

Desde una perspectiva laboral será necesario conocer el régimen aplicable a las relaciones de trabajo en el Estado de destino. En el caso de desplazar a parte de la plantilla también se deberán respetar las cautelas aplicables a los procesos de movilidad geográfica, incluyendo las correspondientes indemnizaciones y/o la posibilidad de extinguir relaciones laborales. Por supuesto, otro factor clave será la obtención de visados y permisos de residencia y trabajo.

Sea como fuere, debemos gestionar la Seguridad Social de nuestra plantilla. Para ello es necesario conocer el régimen aplicable a los trabajadores locales, así como la aplicación de convenios que cubran a los desplazados.

También se deberán realizar las oportunas gestiones administrativas. De estas puede depender la obtención de licencias y autorizaciones, así como la apertura de centros de trabajo y las relaciones con las Administraciones Públicas competentes en cada caso.

Otro elemento a considerar será la protección de la propiedad intelectual e industrial. Aunque su regulación es relativamente homogénea en todo el mundo, es posible que se deban practicar inscripciones en nuevos registros o que aspectos como el plazo de protección varíe de un Estado a otro.

Tampoco podemos olvidar la posibilidad de que la normativa en materia de contratos y obligaciones pueda variar en elementos críticos para nuestra organización.

¿Cómo se prepara el proceso de movilidad empresarial?

Siendo tantos los factores a considerar, lo más habitual es que la planificación del proceso de deslocalización, globalización o internacionalización requiera de un estudio detallado. Los resultados del mismo se plasmarán no solo en el feedback otorgado por el equipo jurídico, sino también en protocolos y manuales que incluirán todas las recomendaciones y cautelas que se estimen relevantes.

Es frecuente que alguno de los abogados siga de cerca el proceso de internacionalización, colaborando estrechamente con juristas de los otros Estados implicados. De hecho, lo más recomendable es que el despacho al que se encomiende la asistencia durante el proceso disponga de sedes, colaboradores o acuerdos con otros bufetes en tales países.

¿Es necesario elaborar un plan de movilidad empresarial?

Aunque no sea imprescindible, realizar estos estudios es más que recomendable. Se trata del único modo de garantizar un proceso de movilidad fluido, exento de riesgos o sorpresas y que aporte la máxima seguridad jurídica a la organización.

¿Cuáles son las ventajas de contratar los servicios tax & mobility de attolón?

Generalmente, los servicios de externalización permiten optimizar costes sin renunciar a la elevada calidad de los servicios de profesionales especializados. Esto resulta también de aplicación al contratar los servicios de attolón, que te permitirán:

Esta forma de constituir equipos ad hoc, centrados en el éxito del encargo, es la propia de los ALSP como nosotros. Los servicios de los ALSP se caracterizan por su elevada calidad, flexibilidad y optimización de costes.

De modo que si necesitas iniciar un proceso de internacionalización o movilidad de tu empresa te recomendamos contactar con nosotros. Cuéntanos qué necesitas y te ayudaremos a instaurar tu empresa en cualquier parte del mundo, de forma exitosa, rápida y efectiva.

El Servicio de Impuestos Internos (“SII”), autoridad tributaria chilena, emitió con fecha 27 de enero de 2022 el Oficio N° 275 (el “Oficio”). Los Oficios del SII tienen por objeto, en general, absolver consultas planteadas por contribuyentes respecto de la aplicación de normas tributarias.

En el referido Oficio, el SII se refiere al caso de un profesional que llega a Chile desde España y proyecta realizar teletrabajo desde Chile. En lo relativo a la aplicación del Convenio para Evitar la Doble Imposición entre Chile y España (el "Convenio"), se señala:

1.- Si los servicios son prestados desde Chile como trabajador independiente

Son aplicables los Artículos 7 y 5 del Convenio. Así, conforme al Artículo 7, las rentas percibidas por el trabajador independiente serían gravadas exclusivamente en España, salvo que dicho trabajador cuente con un establecimiento permanente (“EP”) en Chile y tales rentas sean atribuibles a dicho EP.

Según el Artículo 5 del Convenio, el trabajador independiente configurará un EP en Chile si permanece en Chile por un período o períodos que en total excedan de 183 días, en un período cualquiera de doce meses.

En tal caso, tanto España como Chile tendrán derecho a gravar la renta en conformidad a sus legislaciones internas, sin que se establezca un límite en la imposición para Chile, debiendo España eliminar la doble imposición mediante el mecanismo establecido en el Artículo 22 del Convenio. 

2.-  Por el contrario, si la prestación de servicios profesionales vía teletrabajo desde
Chile fuere realizado como trabajador dependiente

Sería aplicable el artículo 14 del Convenio, que regula las rentas del trabajo dependiente. 

Así, a menos que concurran cada una de las circunstancias establecidas en dicho Artículo del Convenio, las remuneraciones percibidas por el trabajador dependiente podrán gravarse tanto en Chile como en España en conformidad a sus legislaciones internas, sin existir límite de imposición en Chile, debiendo España, si ese país ejerce su derecho de gravar la renta, eliminar la doble imposición mediante el mecanismo establecido en el Artículo 22 del Convenio, entregando un crédito en España por los impuestos pagados en Chile.

La relevancia práctica que tienen estos pronunciamientos administrativos es que permiten entender la interpretación que da la autoridad administrativa a determinadas disposiciones tributarias en un momento dado, lo que muchas veces – dada la complejidad de dichas normas– no resulta del todo fácil de dilucidar. Igualmente, permite extrapolar determinadas ideas las que podrían ser aplicables a casos similares, contribuyendo así a dar cierto grado de certeza jurídica a los contribuyentes.

Así, en operaciones complejas o donde pudiera haber incertidumbre respecto de su tratamiento tributario en Chile, podría ser recomendable solicitar un Oficio aclaratorio al SII, el que sería jurídicamente vinculante para la autoridad tributaria para el caso concreto sometido a su análisis.

Tomás Alvarez

Socio Fiscal de attolón, Chile

Nuevos “jugadores” en el mercado eléctrico

La legislación de la Unión Europea (Directiva (UE) 2019/944, de mercado interior de la electricidad, Directiva (UE) 2018/2001, de energía renovables y Reglamento (UE) 2019/943, de mercado interior de la electricidad) regulan a nivel de la Unión Europea unos nuevos agentes que van a tener una gran relevancia en el mercado eléctrico: Agregadores Independientes, actividad de Almacenamiento y las Comunidades de Energías Ciudadanas y Renovables.

Los nuevos operadores van a tener la capacidad de intervenir en los mercados eléctricos, comprando y vendiendo energía eléctrica y participando en otras actividades del mercado eléctrico.

En España, la ley 24/2013 del Sector Eléctrico (LSE), ha transpuesto parcialmente el contenido de estas Directivas, aunque sigue pendiente su desarrollo reglamentario.

Los Agregadores Independientes: principales funciones

La Directiva (UE) 2019/944 del mercado interior de la electricidad, los define así:

"una función realizada por una persona física o jurídica que combina múltiples consumos de clientes o electricidad generada para su venta compra o subasta en cualquier mercado de electricidad".

La LSE es más detallada y dispone en su artículo 6:

"Los agregadores independientes, que son participantes en el mercado de producción de energía eléctrica que prestan servicios de agregación y que no están relacionados con el suministrador del cliente, entendiéndose por agregación aquella actividad realizada por personas físicas o jurídicas que combinan múltiples consumos o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento para su venta o compra en el mercado de producción de energía eléctrica"

Las principales derechos y obligaciones de los Agregadores independientes ya vienen definidos en la propia Directiva (UE) 2019/944, del mercado interior de la electricidad, y básicamente incluyen:

A la vista de este resumen de derechos y obligaciones que recoge la Directiva (puedan ser ampliados por los Estados miembros) parece que el Agregador independiente está llamado a ser una de las figuras más relevantes del mercado eléctrico, y su presencia en el mercado afectará especialmente a las empresas comercializadoras de electricidad.

 Comunidades de energía

La legislación de la Unión Europea regula dos modalidades de Comunidad Energética en dos Directivas:

Sin embargo, la LSE en su artículo 6 únicamente se refiere a las Comunidades de Energías Renovables, definiendo esta nueva figura jurídica del modo siguiente:

 “entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.”

De la definición legal se desprende que las Comunidades de Energía pueden realizar las siguientes actividades:

Ahora bien, a diferencia de otros del mercado eléctrico, los ingresos y beneficios de estas actividades se destinarán principalmente a proporcionar servicios y beneficios medioambientales o socioeconómicos a los integrantes de la comunidad local o al área local. Es decir, las Comunidades de Energía Renovables no tienen una finalidad económica de beneficio empresarial.

Al igual que los agregadores independientes y la actividad de almacenamiento, las comunidades de energía renovables se enfrentan -todavía- a la falta de definición legal de su situación (falta un marco jurídico concreto).

El Almacenamiento eléctrico

Esta actividad viene definida en la Directiva 2019/944 del mercado interior de la electricidad como la consistente en:

"diferir el uso final de electricidad a un momento posterior a cuando fue generada, o la conversión de energía eléctrica en una forma de energía que se pueda almacenar, el almacenamiento de esa energía y la subsiguiente reconversión de dicha energía en energía eléctrica o su uso como otro vector energético”.

Por su parte, la transposición de la Directiva que se realiza en la LSE en el artículo 6, la define en similares términos:

 “Los titulares de instalaciones de almacenamiento, que son las personas físicas o jurídicas que poseen instalaciones en las que se difiere el uso final de electricidad a un momento posterior a cuando fue generada, o que realizan la conversión de energía eléctrica en una forma de energía que se pueda almacenar para la subsiguiente reconversión de dicha energía en energía eléctrica”.

Como se sabe, una de las finalidades de impulsar la actividad de almacenamiento es permitir que el sistema eléctrico disponga de flexibilidad y estabilidad, para hacer frente a la variabilidad de las energías renovables. En otras palabras, los sistemas de almacenamiento permiten almacenar la energía en los momentos en que hay excedente para utilizarla cuando el recurso renovable es escaso o la demanda es elevada.

En conclusión, el Almacenamiento se incorpora a la LSE como un sujeto más junto a generadores, comercializadores, agregadores independientes, distribuidores y otros sujetos recogidos en el artículo 6 de la LSE. Al igual que ocurre con los Agregadores independientes, la nueva actividad está pendiente de desarrollo normativo.

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